Políticas gubernamentais e de partidos

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert

Los rectores de toda España se unen contra los recortes de Wert
Los dirigentes de todas las universidades públicas presentarán el lunes un manifiesto conjunto
Los rectores denuncian “los masivos recortes en la financiación de la I+D”

Los rectores de todas las universidades públicas españolas ofrecerán el próximo 10 de diciembre una rueda de prensa de forma simultánea para hacer público un manifiesto conjunto contra los recortes en la educación. En un comunicado, la Universidad Politécnica de Cartagena ha avanzado hoy que el comunicado hará hincapié en que la falta de inversiones en la enseñanza superior y en I+D+i lastrará el funcionamiento de las universidades del país y el propio progreso del país.

Hace un mes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya manifiestó su oposición “a los masivos recortes en la financiación de la I+D en los Presupuestos generales del Estado para 2013”, en un comunicado en que alertaba de la difícil situación que afronta la investigación en España y recordaba que la aplicación de esos recortes “supone un freno inaceptable para el desarrollo de la innovación y el progreso económico”. Los recursos económicos totales previstos para I+D el año que viene “son claramente insuficientes, menores de los que figuraban en los presupuestos del año 2005, lo que tendrá gravísimas consecuencias en nuestro joven sistema de ciencia y tecnología”, recalcaban en su nota los máximos responsables de las universidades.

El descontento de los rectores ha ido en aumento desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, comenzó a anunciar sus medidas de ahorro, hasta el punto de que el pasado mayo decidieron dejarle plantado en la reunión del Consejo de Universidades en protesta por la negativa del ministerio a debatir con ellos el decreto ley de los recortes en educación.

El País, 05/12/12

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios

Los negociadores siguen adelante con el nuevo acuerdo de liberalización de servicios
Con las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio bloqueadas, un grupo de países claves de la OMC ha iniciado una serie de diálogos independientes con vistas a establecer un Acuerdo Internacional de Servicios (AIS).

Si tiene éxito, el AIS se basaría y ampliaría el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, arrojaría más sectores de servicios a normas más estrictas sobre el suministro y la inversión transfronterizos, y garantizaría que no se restringiera el comercio.

Sus defensores sostienen que un acuerdo sobre servicios ayudaría a impulsar la debilitada economía mundial, pero otros lo cuestionan y sostienen que el alcance del acuerdo podría perpetuar las presiones de la privatización y debilitar normativas importantes.

"Independientemente de si hablamos de liberalizar servicios financieros o servicios de la educación, están en juego algunos factores fundamentales", dijo David Robinson, asesor especial de la Internacional de la Educación. "Si hemos aprendido algo de la crisis financiera es que necesitamos una mayor supervisión normativa del sector, no al contrario. No deberíamos caminar con los ojos cerrados hacia otro fiasco económico".

Según Robinson, la Unión Europea y Australia han presentado un grupo inicial de 10 sectores y cuestiones como prioritarios para alcanzar "compromisos nuevos y mejorados" bajo el acuerdo AIS propuesto, que incluye servicios financieros, de energía, profesionales y de la información y la comunicación.

Si bien hasta la fecha no se ha identificado la educación y otros servicios públicos como prioritarios, Robinson advierte que los docentes y los trabajadores del sector público deberían seguir de cerca las negociaciones.

"Los países participantes han dicho sistemáticamente que el AIS será muy ambicioso y no se excluirá ningún sector", subrayó. "Además, algunas partes de las negociaciones tratan sobre normas que potencialmente tendrán un impacto en la educación, la sanidad y otros servicios públicos, estén o no incluidos explícitamente".

Por ejemplo, la UE y Australia han planteado como tema de debate la regulación doméstica – todas las normas y medidas que los gobiernos exigen que las compañías cumplan para suministrar un servicio. Estas normas incluyen desde normativas medioambientales, sanitarias y de seguridad hasta los requisitos de certificación y los permisos.

"En el sector educativo, cualquier restricción nueva sobre la regulación doméstica podría afectar potencialmente a los requisitos de certificación docente, estándares de garantía de calidad y permisos de escuelas e instituciones privadas", sostiene Robinson. 

Durante una ronda de negociaciones a principios de octubre, los negociadores del AIS acordaron que el tratado debería seguir las disposiciones principales del AGCS.

Además de la UE y Australia, los otros participantes del AIS son Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Israel, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía.

Internacional de la Educación, 03/12/12

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio

Mariano Fernández Enguita: Las enseñanzas medias, siempre en medio
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, donde dirige la Sección de Sociologia de la Fac. de Educación

No sólo los fármacos producen efectos secundarios. Lo hace también la acción social, y lo hace siempre; es lo que solemos llamar consecuencias imprevistas o no deseadas, o efectos perversos. No se escribirían siquiera artículos como éste si la acción social (sea de las autoridades, de los colectivos o de los individuos) produjera siempre o habitualmente los efectos deseados y sólo éstos.

Toda reforma educativa se hace con las mejores intenciones, pero las soluciones de ayer son a menudo los problemas de hoy. La Ley General de Educación de 1970 (LGE) quiso poner el sistema educativo a tono con los del mundo desarrollado y democrático, lo que pasaba por acabar con la brutal segregación a los 10-12 años (el acceso y la superación o no del examen de ingreso) y la prolongación del tronco común. La ley no permitía abandonar el sistema hasta los 16 años, de manera que cualquier alumno tenía teóricamente tiempo suficiente para terminar la Educación General Básica (común) más un ciclo secundario (Bachillerato o FP1). Sin embargo, condicionaba el acceso al bachillerato a la terminación con éxito de la EGB (al título de graduado escolar), pero no así el acceso a la Formación Profesional I, para el que bastaba haber permanecido en la escuela hasta los 14 años (certificado de escolaridad). Tal desequilibrio en los requisitos contribuyó al descrédito de cualquier formación profesional alternativa al bachillerato; incluso ulterior, aunque en menor medida. La FP devino el basurero, la vía para los fracasados, produciendo de rebote la opción automática por el Bachillerato por cualquiera con los requisitos.

Todas las alternativas a la LGE, desde la propuesta que llegó a formular la UCD a comienzos de los ochenta, pasando por la reforma experimentada por el gobierno socialista en esa década, hasta la LOGSE, quisieron acabar con esta perversión. La respuesta en la LOGSE fue plantear los mismos requisitos para acceder a la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Medio (CFGM)— que para acceder al Bachillerato: el título de Graduado en ESO; y no sólo eso, sino otro tanto para acceder a la etapa siguiente de la FP —ahora Cursos Formativos de Grado Superior (CFGS)—, que a su vez tendría los mismos requisitos que el acceso a la universidad: el título de Bachillerato. De esta manera, se decía, no se establecería la formación profesional como una segunda vía paralela, de menor valor. Si se entiende mejor con una imagen, podemos visualizar el esquema educativo propuesto como un recorrido académico único que tras la ESO, el Bachillerato o la Universidad daría salida al mercado de trabajo, respectivamente, a través de los CFGM, los CFGS y los posgrados. Pero lo que no se previó fue que tres de cada diez alumnos no superasen la ESO y quedasen irremediablemente apartados de la educación formal -y así es: decimos que cuatro de cada diez alumnos han abandonado prematuramente la escuela, pero lo cierto es que tres de ellos no podían continuar aunque lo desearan. Empecemos por lo segundo.

Francisco Imbernón: Una escuela ‘low cost’

Francisco Imbernón: Una escuela ‘low cost’
La reforma del Gobierno nos lleva a una educación masificada que repercutirá en la igualdad y la equidad
Francisco Imbernón es catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y dirige el Observatorio Internacional de la Profesión Docente

En el contexto actual una devaluación de la moneda es imposible, así que el propósito del Gobierno es devaluar el país. ¿Cómo? La reforma laboral es una respuesta. ¿Otra? La disminución del gasto público donde no hay lobbies que puedan impedirlo: educación, sanidad… Los altísimos recortes presupuestarios en educación desde el 2010 pueden herir de muerte el sistema educativo público si, como anuncia el documento presentado a Bruselas (presupuesto bienal 2013-2014), el gasto público en educación se reduce al 3,9% del PIB (debería dedicar el 6% del PIB y entre el 15% y el 20% del total del gasto público según los organismos internacionales).

Resulta complicado valorar las repercusiones de tantos recortes, porque a los del Gobierno central hay que sumar los de las comunidades autónomas y la lista de despropósitos no tiene fin: recortes en el funcionamiento ordinario de los centros; disminución de las becas y más dificultades para conseguirlas (entre un 20% y un 40% de los estudiantes no podrán renovarla); desaparición del presupuesto para el abandono prematuro, para el programa PROA de apoyo a alumnos y alumnas con dificultades, tan importante para el desarrollo de la equidad; desaparición del programa de inversiones en TIC; de las subvenciones para las asociaciones de madres y padres de alumnos; de las ayudas de acogida matinal; reducción de aulas de compensatoria, de cuidadores para el alumnado con necesidades educativas especiales, etcétera.

Se trata de un programa conservador, ideológico, que nos lleva a una educación masificada, de precarización del trabajo del profesorado y con una reducción de servicios educativos que repercutirán en la igualdad y en la equidad. Es un programa que no conduce a ningún sitio o, en todo caso, a un callejón sin salida. ¿Se puede asegurar con esos recursos la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para preparar a los niños y niñas para la vida adulta?

Y como un gran sarcasmo, o una burla, se nos presenta una reforma educativa. Una reforma educativa outlet, hecha con saldos del siglo pasado, que pretende mejorar la calidad de la enseñanza con menos recursos pero con mucha más demagogia. Porque no solo se trata de mantener los niveles alcanzados, sino de combatir un 30% de fracaso escolar, un 50% de paro juvenil y mejorar los resultados mediocres en exámenes internacionales como el famoso informe PISA. ¿Será eso posible? Con estos presupuestos lo negamos categóricamente.

El País, 02/12/12

William Deresiewicz: Faulty Towers: The Crisis in Higher Education

William Deresiewicz: Faulty Towers: The Crisis in Higher Education

A few years ago, when I was still teaching at Yale, I was approached by a student who was interested in going to graduate school. She had her eye on Columbia; did I know someone there she could talk with? I did, an old professor of mine. But when I wrote to arrange the introduction, he refused to even meet with her. “I won’t talk to students about graduate school anymore,” he explained. “Going to grad school’s a suicide mission.”

The policy may be extreme, but the feeling is universal. Most professors I know are willing to talk with students about pursuing a PhD, but their advice comes down to three words: don’t do it. (William Pannapacker, writing in the Chronicle of Higher Education as Thomas Benton, has been making this argument for years. See “The Big Lie About the ‘Life of the Mind,’” among other essays.) My own advice was never that categorical. Go if you feel that your happiness depends on it—it can be a great experience in many ways—but be aware of what you’re in for. You’re going to be in school for at least seven years, probably more like nine, and there’s a very good chance that you won’t get a job at the end of it.

At Yale, we were overjoyed if half our graduating students found positions. That’s right—half. Imagine running a medical school on that basis. As Christopher Newfield points out in Unmaking the Public University (2008), that’s the kind of unemployment rate you’d expect to find among inner-city high school dropouts. And this was before the financial collapse. In the past three years, the market has been a bloodbath: often only a handful of jobs in a given field, sometimes fewer, and as always, hundreds of people competing for each one.

It wasn’t supposed to be like this. When I started graduate school in 1989, we were told that the disastrous job market of the previous two decades would be coming to an end because the large cohort of people who had started their careers in the 1960s, when the postwar boom and the baby boom combined to more than double college enrollments, was going to start retiring. Well, it did, but things kept getting worse. Instead of replacing retirees with new tenure-eligible hires, departments gradually shifted the teaching load to part-timers: adjuncts, postdocs, graduate students. From 1991 to 2003, the number of full-time faculty members increased by 18 percent. The number of part-timers increased by 87 percent—to almost half the entire faculty.

But as Jack Schuster and Martin Finkelstein point out in their comprehensive study The American Faculty (2006), the move to part-time labor is already an old story. Less visible but equally important has been the advent and rapid expansion of full-time positions that are not tenure-eligible. No one talks about this transformation—the creation of yet another academic underclass—and yet as far back as 1993, such positions already constituted the majority of new appointees. As of 2003, more than a third of full-time faculty were working off the tenure track. By the same year, tenure-track professors—the “normal” kind of academic appointment—represented no more than 35 percent of the American faculty.

The reasons for these trends can be expressed in a single word, or buzzword: efficiency. Contingent academic labor, as non-tenure-track faculty, part-time and full-time, are formally known, is cheaper to hire and easier to fire. It saves departments money and gives them greater flexibility in staffing courses. Over the past twenty years, in other words—or really, over the past forty—what has happened in academia is what has happened throughout the American economy. Good, secure, well-paid positions—tenured appointments in the academy, union jobs on the factory floor—are being replaced by temporary, low-wage employment.

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università
Marco Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori Università Italiane

Il mondo universitario sta seguendo con angoscia gli sviluppi della legge di stabilità per il 2013. Lunedì sera la situazione è precipitata in Commissione Bilancio. Dopo una sequela di promesse, presenti nella prima versione del Ddl, agli Atenei nulla è stato dato. Il Presidente della Repubblica pochi giorni fa era stato il primo a lanciare l’allarme. Con la consueta lucidità ha colto il nodo del problema: «L’intervento pubblico e privato in tutti i settori della ricerca - ha dichiarato Napolitano - è una priorità da far valere ancora più in tempi di crisi come quella attuale». È del tutto evidente che quando in Europa si spende mediamente il 2,1 del Pil in ricerca (il 2,2 in Francia, il 2,8 in Germania) si sta finanziando lo sviluppo. Dalla crisi si esce solo favorendo l’innovazione e investendo in quel capitale d’intelligenze che dell’innovazione è l’asse portante. Ma le risorse per ricerca e sviluppo in Italia sono appena l’1,26% del Pil, la metà della media europea. Dobbiamo competere nel mercato internazionale. E a questa competizione ci arriviamo già in crisi profonda. Con meno risorse, meno personale, docenti più anziani e meno studenti.

Questi i risultati di anni di tagli al comparto. Ci era stato detto di pazientare: abbiamo responsabilmente fatto la nostra parte. Abbiamo tagliato, ridotto, risparmiato. Oggi, nonostante la buona volontà del Ministro, c’è chi, al governo, sta riuscendo là dove non era riuscito neppure Tremonti: la distruzione dell’Università pubblica. Nel 2008 l’allora Ministro delle Finanze pianificò un taglio progressivo pluriennale del Fondo per le Università. Siamo passati dai 7,5 miliardi di euro del 2009 ai 7 miliardi del 2012.

Sulla quota fissata da Tremonti per il 2013 il governo non intende intervenire: dai 7 miliardi del 2012 precipiteremo a 6,5 con un calo di più del 6% rispetto al 2012 (e del ben -13% rispetto al 2009). Una vera e propria catastrofe, insostenibile per il sistema universitario, già duramente provato da provvedimenti restrittivi e da tagli su borse post lauream, borse di studio, fondi per la ricerca, fondi per l’internazionalizzazione, tagli sull’acquisto di materiali e attrezzature.

Questo è ciò che si annuncia in Commissione Bilancio. L’unico segnale, certo apprezzabile, è che si sia ritagliata dal «fondo Catricalà» una piccola quota per il diritto allo studio pari a 50mln di euro. Ma alle Università nulla.

E così, per la prima volta nella storia degli atenei italiani, le spese stipendiali saranno pari al 95% dei trasferimenti dallo Stato. Con conseguenze facilmente immaginabili sui beni intermedi che nell’Università significano servizi, infrastrutture per la ricerca e la didattica: non solo molti bilanci non si chiuderanno ma formazione e ricerca ne risentiranno in modo esiziale. O si pensa che le Università andranno avanti con quel misero 5%? Non ci si può stupire che, dopo un quindicennio di crescita, si assista oggi a un calo dell’11% in pochi anni del numero delle matricole. Le famiglie si sono accorte dei danni che stanno subendo gli atenei. Solo il governo sembra sordo e cieco.

La soglia fatale del 95% delle spese stipendiali è il segno della fine. Peraltro ci si arriva per soli motivi aritmetici, non essendo affatto aumentati gli organici. Anzi. L’Italia ha uno dei numeri più bassi di ricercatori rapportati alla popolazione (3,7 contro una media Ocse del 7,6) e in soli quattro anni i docenti sono diminuiti del 10%. Con questi numeri, fra l’altro, cancelliamo ogni speranza per i giovani ricercatori in attesa delle abilitazioni. Nessuno potrà chiamarli.

È stato più volte detto che servono 400 milioni di euro per riallineare il finanziamento universitario del 2013 al 2012. Non per incrementarlo si badi – ma solo per riallinearlo all’anno corrente. Niente. Da questa situazione occorre trarre le debite conseguenze: il problema non è più di numeri, ma schiettamente politico. Non si vuole assegnare a Università e Ricerca il ruolo che altrove nel mondo industrializzato gli compete? Non si vuole favorire il ricambio dei giovani ricercatori? Gli atenei si fermeranno, agonizzeranno e assieme agli atenei si fermeranno sviluppo e capacità competitive. Una responsabilità inaudita graverà sulle spalle dei tecnici. Facciamo appello alle forze parlamentari: intervengano prima che sia troppo tardi.

l'Unità, 14/11/12

Colectivo Baltasar Gracián: La Ley Wert "de mejora de la calidad educativa: ¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

Colectivo Baltasar Gracián: La Ley Wert "de mejora de la calidad educativa: ¿A qué viene una nueva ley de reforma educativa?

Muchas de las críticas publicadas hasta ahora han incurrido en el error de analizar el anteproyecto de ley al margen del conjunto de medidas ya adoptadas por los gobiernos central y autonómicos en todos los ámbitos del sistema educativo (recortes de presupuestos y plantillas, aumento de horas lectivas del profesorado, grupos más numerosos, supresión de medidas compensatorias, disminución de becas, subida de matrículas etc. y, como consecuencia lógica, nuevos avances en el proceso de privatización).

Por otra parte, este conjunto de medidas deben entenderse dentro del contexto más general del plan de “austeridad” asumido ahora por Rajoy y antes por Zapatero, bajo la presión de instancias internacionales encabezadas por la "troika" FMI, UE y BCE. Todos ellos dirigidos a la destrucción acelerada de servicios públicos y de conquistas sociales. Planes ya viejos en las altas instancias europeas, pero actualizados y acelerados ahora bajo el pretexto de la "crisis" y del aumento de la deuda soberana resultante de la socialización de las deudas y desfalcos privados.

Pero el hecho de subrayar la continuidad con las políticas anteriores no quita para destacar la dimensión, hasta ahora inédita, de la política destructiva llevada a cabo por el PP en los últimos meses, en particular en educación, y en general en todos los servicios públicos. De hecho, la pretendida reforma educativa del PP ya ha recorrido un inmenso trayecto tras los enormes retrocesos impuestos en un tiempo record a logros históricos que, aunque algunos consideramos parciales e insuficientes, fueron fruto de largas luchas en el terreno educativo.

Como lo demuestra la política educativa seguida los últimos meses, el marco de la LOE de 2006 (falsamente caracterizada como "progresista" por quienes se conceden a sí mismos ese título) era plenamente aprovechable para continuar la aplicación de las políticas neoliberales en la educación. De hecho, como las anteriores LODE, LOGSE y LRU, permitió su progresión con el anterior gobierno y ni impedía, ni ha impedido, al actual adaptarlo a las circunstancias a través de simples decretos, órdenes, instrucciones y anexos presupuestarios, como ya se ha venido haciendo desde el MEC y desde las distintas CCAA.

Francisco Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación!

Francisco ImbernónFrancisco Imbernón: ¡Levántate y quéjate, educación! Un año de gobierno del Partido Popular y de recortes educativos. O cómo hundir la educación pública
Francisco Imbernón es catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona

Introducción

El 21 de diciembre de 2011 asume el gobierno de España el Partido Popular con mayoría absoluta. Dentro de pocos días hará un año. En aquel momento el curso escolar estaba empezado y han bastado 12 meses para ver como la educación en España (sobre todo la pública) se ha ido desmoronando poco a poco aunque el gobierno (el central y los autonómicos) han ido hablando eufemísticamente de ajustes debido a la crisis económica, excusa que sirve para todo (ahora no toca hablar de otra cosa excepto en Cataluña que algún tema ha desviado la atención). Y además con la contrarreforma presentada el mes de septiembre se ha vuelto la mirada y los pasos educativos hacia atrás. Y las políticas, las prácticas y las cifras lo demuestran. Este documento pretende demostrarlo o al menos hacerlo patente para todos aquellos que no se lo creen o que dudan que haya un envite ideológico más que una finalidad de mejora de la educación.

En aquel momento (2011) como se tenían que hacer los presupuestos se bajó un 21% menos y lógicamente se traspasó menos a las comunidades autónomas que tienen las competencias educativas y sociales, pero no un 21% sino un 35% menos. Desde la llegada al gobierno del Partido Popular se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013.

En los presupuestos del 2013 se dedica a educación 1944,73 millones de euros (desciende 14,45%) cuando fueron 2.276 millones de euros en 2012 y 2.843 en 2011, o sea que se ha ido reduciendo un tercio desde que gobierna el Partido Popular (31%). Y empezaron los recortes en educación en el Estado y en todas las comunidades autónomas. Unas antes que otras (siempre hay que quiere ser el primero de la clase). Y los recortes presupuestarios van aumentando para cumplir el déficit hasta al 2015 (recortar 10.000 millones de euros antes del 2015 que este año corresponden 3.000 a educación) ya que la intención del gobierno es dejar el PIB del gasto Público en 3,9%. A la altura de países en vías de desarrollo.

Alba Nogueira: As Universidades ao pé do precipicio

Alba Nogueira: As Universidades ao pé do precipicio

Logo de varios anos de recortes orzamentarios que teñen colocado ás universidades e á investigación realizada desde o seu ámbito (sobre o 60%) nunha situación difícilmente reversibel, o esganamento orzamentario  compleméntase con durísimas medidas de selección do alumnado e redución do persoal.

As enormes diminucións orzamentarias nos fondos dedicados á universidade dentro do plan de financiamento na última lexislatura provocaron despidos e que non se renovaran contratos, severísimas reducións do gasto corrente ou diminucións escandalosas de compra de libros e de suscripción a revistas científicas que levaron mesmo a cortar a continuidade de coleccións que nin a guerra civil fora quen de romper.  Sen convocatorias de proxectos de investigación autonómicos e coas de persoal investigador (en formación, técnicos ou doutores) como unha caricatura do que foron algún día, a investigación estáncase.

A burbulla orzamentaria, comezada nos últimos mandatos do PSOE e mantida polo PP, cun financiamento da investigación cada vez máis polarizado cara os créditos á investigación, conduciu ás universidades a un endebedamento irresponsabel nunha carreira sen saída de infraestruturas, campus de excelencia e demais artefactos ligados á moda do emprendemento. Pincha agora coa crise e unha boa parte dos fondos de investigación (o 40% no último exercicio) quedan sen gastar precisamente porque non hai centro público de investigación que poida achegar a parte coa que debería complementar o orzamentado e financiar os intereses.

Fálase igualmente de reducir aínda un ano máis as titulacións -tres anos- nunha lóxica clara de redución da formación do estudantado e apertura dun mercado para os masters, cada vez máis selectivos económicamente debido á enorme subida das súas taxas e nos que, ademáis, concentra a súa oferta unha boa parte dos centros de ensino privados.  Con solícito apoio de gobernos autonómicos, como os de Madrid ou Murcia, que brindan edificios públicos, axudas e apoio á implantación de universidades privadas.

Defending universities: engaging the public

Defending universities: engaging the public

The Campaign for the Public University welcomes the launch of the Council for the Defence of British Universities. The two campaigns share common values. These values were articulated in a critique of the Government’s White Paper in July 2011, and developed subsequently in an Alternative White Paper, both written together with other campaign groups. The Government has avoided debate, but the issues are pressing and vital to the future of higher education.

Those of us who are academics are deeply concerned about university autonomy, the reduction of higher education to training and the damaging consequences of audit culture. However, we also need to engage with wider publics and how and why they might value higher education. What is at issue is the role of education in the global knowledge economy and the reproduction of advantage, where the only public interest is understood to be the interest of the taxpayer. As Holmwood and Bhambra have argued, under this neo-liberal conception of education it is transformed from a social right into a positional good.

Yet the British Social Attitude Survey has consistently shown that the public values higher education as providing more than the means of getting a better job. They also believe that fees were too high under the previous funding system and are against differential fees for the same courses. The most recent survey shows a small shifting of attitudes. In general, the public continues to regard university education as valuable. However, those with degree-level qualifications (graduates of previous funding systems) tend now to favour fees and also a reduction in student numbers graduates. This indicates a shift toward the defence of market position against the social mission that public higher education previously served.

We are at a pivotal moment. As the CDBU argues, Vice-Chancellors have been supine and quiet in the face of the transformation of higher education in England. University mission groups have also not represented the system as a whole. However, the latter are breaking up and what is emerging is the first sign of a new, restricted Ivy League, potentially willing to go it alone and wrapped in the mantle of traditional university values. We should all heed the warning posted by the Chair of CDBU’s steering committee, Howard Hotson, not to look to the Ivy League. A system in which a few universities flourish at the expense of the rest, is not in the public interest. Nor is it one that the majority of academic and other staff in universities could support.

Campaign for the Public University, 14/11/12

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them

Howard Hotson: Our universities are at great risk. We must act now to defend them
Frantic, unprecedented reform is threatening fundamental academic principles and the purpose of higher education itself

Universities are among the UK's most successful institutions. Collectively, they enjoy a global reputation that few British institutions can match. Their research produces innovations of the highest order. Their teaching attracts a hugely disproportionate share of the world's international students.

Yet their future is being gambled on an unprecedented programme of radical reforms. Nothing similar has been tried elsewhere. No democratic mandate has been sought. These changes are grounded in wishful ideological assumptions. Evidence suggests they will do more harm than good.

Such is the frantic pace of this revolution that few outside universities are aware of its gigantic scope. Its financial dimension is familiar in outline to the general public. Domestic tuition fees, unheard of only 15 years ago, have been trebled this academic year, while 80% of direct public funding has been withdrawn from undergraduate teaching. Even before these changes, public spending on higher education was lower in the UK than almost any other developed country, while business spending on research and development was equally low and falling. Now, tuition fees in England are, on average, the highest in the world.

Yet as public and corporate money is withdrawn, the priorities and preconceptions of politics and business are being imposed on universities more forcefully than ever. Research funding in the sciences is diverted to meet the demands of industry; funding for the humanities is explicitly tied to party-political slogans. Universities, once regarded as self-governing communities of students and teachers seeking deeper understanding, are now line-managed like private corporations, devoted to maximising performance metrics which do not remotely capture what universities aspire to achieve.

These management models impoverish teaching, undermine creativity, trivialise research, and alienate teachers. Worse still, this market system transforms students from active apprentices in the craft of higher learning to passive consumers attempting to leverage their purchasing power into high lifetime earnings. Despite public homage to the knowledge economy, this new regime seems designed to make the careers of the next generation of academics as precarious and unrewarding as possible.

The culmination of this policy is the introduction into Britain of the for-profit university model which has proved so catastrophic to students and taxpayers in the US. Commercial firms are lobbying for the legal redefinition of what it means to be a "university" in England. Why? Because their future profits depend on debasing the very institution they pretend to emulate.

No organisation exists to defend academic values and the institutional arrangements best suited to fostering them. The numerous "mission groups" – the Russell Group, Universities UK, University Alliance, and the rest – do not represent universities as such. They represent senior university administrators, whose primary task is to advance financial interests. Academic unions defend the working conditions of academics, not the values that make their work worthwhile. Learned societies promote individual disciplines, not learning as such. In such conditions, proposals which subvert fundamental academic principles meet no effective opposition.

Many of Britain's most eminent academics and public intellectuals have watched these developments with mounting alarm. Scores have come together to consider how best to resist these changes before the damage they cause is beyond repair. Among their number are past and current presidents of Britain's academies of arts and sciences, Nobel prize winners, and a former poet laureate.

The inaugural meeting of the Council for the Defence of British Universities takes place on Tuesday. The question it confronts is of vital national importance. Will the UK continue to enjoy one of its most outstanding assets? Many of those most able to judge have concluded that it will not, unless strenuous efforts are made to reverse the radical reform of a fundamentally sound system.

The Guardian, 12/11/12

AS UNIVERSIDADES E O FUTURO DE PORTUGAL

AS UNIVERSIDADES E O FUTURO DE PORTUGAL
Comunicado do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

Ao longo dos últimos dois anos as universidades públicas portuguesas têm conseguido manter padrões de elevada qualidade de funcionamento e têm, com grande sentido de responsabilidade, acompanhado o país no combate à grave crise nacional.

Durante este período o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) tem vindo a manifestar publicamente as suas posições face à crise e, ao mesmo tempo que aponta dificuldades, tem conseguido, até aqui, apresentar soluções. Apesar da crise, as universidades conseguiram, graças às suas receitas próprias e ao apoio estatal, manter níveis de qualidade no ensino, na investigação científica e na cooperação internacional de inegável valor.

Contudo, a eventual aprovação da proposta de Orçamento de Estado para 2013 (OE 2013) ao reduzir, num valor médio de 9,4%, as dotações a atribuir às universidades, em comparação com o ano corrente, terá efeitos imprevisíveis e irreversíveis em todo o sistema universitário, inviabilizando o desenvolvimento de atividades essenciais para o seu funcionamento. Recorde-se que o financiamento público das universidades já foi reduzido em 144 milhões entre 2005 e 2012, podendo este valor atingir os 200 milhões no caso do OE 2013 vier a ser aprovado sem alterações.

O novo modelo de governação do ensino superior, que se iniciou em 2007, possibilitou, através dos Conselhos Gerais, o envolvimento de personalidades da sociedade na gestão estratégica das universidades e no acompanhamento dos respetivos percursos. Trata-se de um modelo praticado com sucesso e há largos anos em vários países, dentro e fora da Europa.

Os Conselhos Gerais das universidades, que integram essas personalidades externas às instituições, passaram assim a deter a competência de aprovar o orçamento de cada universidade bem como o respetivo plano de atividades.

Neste contexto, e tendo em conta a situação de especial gravidade com que as universidades serão confrontadas no próximo ano, realizou-se hoje uma reunião conjunta entre os presidentes dos Conselhos Gerais e os reitores, a primeira a ter lugar desde que o novo modelo de governação entrou em vigor.

Nesta reunião foi efetuada uma análise da situação financeira que irá ocorrer no próximo ano, caso se confirme o estipulado na atual proposta de Lei do OE para 2013. Concluiu-se que, nestas condições, será inviável o funcionamento das universidades públicas.

Os Presidentes dos Conselhos Gerais afirmaram a sua profunda preocupação com esta situação que, ao comprometer a qualificação dos portugueses, inibe o desenvolvimento económico do país e afeta gravemente o bem estar dos seus cidadãos.

Face ao iminente quadro de rotura na rede universitária, numa altura em que se avizinham grandes desafios internacionais, como é o caso da Estratégia 2020 da União Europeia, os reitores decidiram solicitar, com caráter de urgência, uma audiência aos membros do governo envolvidos, bem como a Sua Excelência o Presidente da República.

O CRUP mantém, como até aqui, uma total disponibilidade para, em diálogo, ajudar a resolver este grave problema financeiro e tudo fará para garantir um futuro sustentável para as universidades. Se as universidades perderem qualidade ficarão igualmente em risco a investigação científica, a inovação tecnológica e a qualificação de nível superior. Todos perderemos a mais importante arma que um país pode deter: a criação e a aplicação de novos conhecimentos.

Dada a gravidade da situação será apresentada em simultâneo em todas as universidades, ao meio dia da próxima sexta-feira dia 9, perante as respetivas comunidades universitárias, uma declaração dos reitores das universidades públicas portuguesas sobre a inexequibilidade do quadro orçamental para 2013.

Lisboa / 07 de novembro de 2012

CRUP, 09/11/12

Outras novas realcionadas:

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities

Coalition of thinkers vow to fight marketisation of universities
Purpose of university is being 'grossly distorted by the attempt to create a market in higher education', says one CDBU founder

Some of Britain's most high-profile public intellectuals have formed a coalition to defend universities against the erosion of academic freedom and the marketisation of higher education.

Lord Bragg, Alan Bennett, Sir David Attenborough and Richard Dawkins are among 65 writers, broadcasters and thinkers who have jointly founded the Council for the Defence of British Universities (CDBU), to be launched next week.

The group's manifesto, also backed by former poet laureate Sir Andrew Motion, Booker prize-winner Dame AS Byatt, playwright Michael Frayn and astronomer royal Lord Rees, claims the basis of a degree is under threat.

Writing in the Times Higher Education supplement, historian and former British Academy president Sir Keith Thomas said "the very purpose of the university" was being "grossly distorted by the attempt to create a market in higher education".

Students, he wrote were "regarded as 'consumers' and encouraged to invest in the degree course they think most likely to enhance their earning prospects".

Academics, he added, were now viewed as "producers, whose research is expected to focus on topics of commercial value and whose output is measured against a single scale and graded like sacks of wheat".

The organisation is expected to campaign for the abolition of government funding bodies and propose a move to fully independent grant councils free from political interference.

Last year, dozens of academics resigned from one such funding body, the Arts and Humanities Research Council (AHRC), in a row over academic freedom when the "big society" was introduced as a research priority.

Thomas also took a swipe at "remarkably supine" university leaders who were only concerned about gaining "local advantage" from government reforms rather than opposing them. "Deep dissatisfaction pervades the university sector. Its primary cause is not the lack of adequate funding, for it is appreciated that higher education is expensive and times are hard. Rather, it arises from the feeling that an understandable concern to improve the nation's economic performance, coupled with an ideological faith in the virtues of the market, has meant that the central values of the university are being sidelined or forgotten."

He said the task of the council was "not just to challenge a series of short-term political expedients: it must also combat a whole philosophy", adding: "British universities are a precious feature of our national life and enjoy a high international reputation. They should not be imperilled by misconceived government policies, however well-intentioned."

Writing in the same publication, Rees said morale among staff was being damaged. "I am lucky to have spent many years in one in the University of Cambridge. But even there, morale is falling," said the cosmologist and former head of the Royal Society.

"Coffee-time conversations are less about ideas and more about grants, the research excellence framework, job security and suchlike. Prospects of sustaining excellence will plummet if such concerns prey unduly on the minds of even the best young academics."

The Guardian, 08/11/12

Miguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla

Miguel López MeleroMiguel López Melero: Al pan, pan y al vino, vino: la LOMCE es una ley franquista en toda regla (PDF)
Revista de Estudios, 44, Octubre 2012
Miguel López Melero, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Málaga

Soy partidario de que se hagan las cosas bien y no constantes reformas y contrarreformas que no suelen ser otra cosa que parches o el producto de la vanidad del que ocupa el Ministerio de Educación. Y quien lo está haciendo mal, en estos momentos, es el gobierno del Partido Popular que en menos de un año ha puesto al país ‘patas arriba’ con los recortes económicos y, sobre todo, con los recortes de derechos. Y lo está haciendo mal al hacer caso omiso a las evidencias: es imposible salir de la crisis a través de recortes y más recortes y sin crear empleo y, a pesar de ello, este gobierno y su presidente a la cabeza, se ha puesto al servicio del capital y se ha olvidado completamente de la ciudadanía española. Como muchos economistas han señalado (incluyendo al premio Nobel de economía Paul Krugman) no se soluciona el problema económico sin una decidida política de inversión y, añadiría yo, tampoco se soluciona únicamente con medidas económicas, sino limpiando de nepotismo y corrupción a las instituciones, y a la postre, democratizándolas (algo que afecta a los dos grandes ‘partidos’ PP y PSOE, como es bien sabido). Es un problema de democracia y no sólo de economía el que tenemos y el gobierno, intencionadamente, no sólo mira hacia otro lado, sino que hay toda una premeditada provocación institucional.

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