Políticas institucionais

Roger Brown & Helen Carasso: Everything for Sale? The Marketisation of UK Higher Education

Everything for SaleRoger Brown & Helen Carasso: Everything for Sale? The Marketisation of UK Higher Education

Published: 4th February 2013 by Routledge
238 pages
ISBN: 978-0-415-80980-1

The marketisation of higher education is a growing worldwide trend. Increasingly, market steering is replacing or supplementing government steering. Tuition fees are being introduced or increased, usually at the expense of state grants to institutions. Grants for student support are being replaced or supplemented by loans. Commercial rankings and league tables to guide student choice are proliferating with institutions devoting increasing resources to marketing, branding and customer service. The UK is a particularly good example of this, not only because it is a country where marketisation has arguably proceeded furthest, but also because of the variations that exist as Scotland, Wales and Northern Ireland increasingly diverge from England.

In Everything for Sale, Roger Brown argues that the competitive regime that is now applicable to our Higher Education system was the logical, and possibly inevitable, outcome of a process that began with the introduction of full cost fees for overseas students in 1980. Through chapters including:

  • Markets and Non-Markets
  • The Institutional Pattern of Provision
  • The Funding of Research
  • The Funding of Student Education
  • Quality Assurance
  • The Impact of Marketisation: Efficiency, diversity and equity;

He shows how the evaluation and funding of research, the funding of student education, quality assurance, and the structure of the system have increasingly been organised on market or quasi-market lines.

As well as helping to explain the evolution of British higher education over the past thirty years, the book contains some important messages about the consequences of introducing or extending market competition in universities’ core activities of teaching and research.

This timely and comprehensive book is essential reading for all academics at University level and anyone involved in Higher Education policy.

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué le pasa a Fonseca?

José Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué le pasa a Fonseca?

Decía I. Kant que nada bueno puede hacerse con el fuste torcido de la humanidad, pues los seres humanos somos socialmente insociables y vivimos en un equilibrio precario entre nuestros intereses y la aceptación del bien común, regulada gracias a la existencia de las leyes. Siguiéndole podríamos ahora hablar del fuste torcido de la universidad, pues muchos profesores parecen creer que a ella nada le deben, porque cada uno de ellos es muy importante. Por eso abusan de los pronombres personales y siempre dicen yo, lo mío, para mí, hablen de lo que hablen.

La USC está ahora en un proceso de crisis institucional, debido a la falta de un proyecto colectivo y a la pérdida de sus valores propios. Todo comenzó con el nacimiento de la democracia. Gracias a ella las universidades crecieron, se dotaron mucho mejor económicamente, incrementaron su nivel docente e investigador y pasaron a ser equiparables a otras universidades europeas de nivel medio. Sin embargo en su seno anidaban graves contradicciones. La primera de ellas fue creer que su autonomía docente e investigadora las convertía en miniaturas del cuerpo político, que eran nacioncitas con sus miniparlamentos, sus pseudo partidos y que en ellas todo tenía que ser representativo y votable. Sus profesores, además de enseñar e investigar, tendrían también que negociar, pactar, captar votos, formar grupos e intentar estar siempre presentes en los medios de comunicación con sus declaraciones altisonantes.

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: un rectorado para el olvido

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca: un rectorado para el olvido

Decía San Agustín, un gran conocedor del alma humana, que todos estamos divididos entre la pasión por el saber y la pasión por dominar. Y a esa pasión llamó libido, un término que otro gran conocedor del alma humana, Sigmund Freud, consagraría en su psicología. Un gran especialista en el estudio de los profesores universitarios, Pierre Bourdieu, utilizó estos dos polos del alma agustiniana como la clave para entender las comunidades académicas y sus contradicciones internas. Y es que cada profesor oscila entre su pasión por el conocimiento y su pasión por el gobierno. Es muy difícil equilibrar estos dos impulsos, y por esa razón muchas veces grandes científicos han sido pésimos administradores, y excelentes administradores no destacaron precisamente por su altura científica. Pues la virtud clave del buen gobernante, según decía el viejo Aristóteles, no es tanto la sabiduría como la prudencia.

Juan Casares Long retornó a Santiago trayendo consigo un gran prestigio como ingeniero químico, habiendo ejercido su profesión en lugares tan importantes para esta industria como los países del Golfo, y como muchos profesores, quiso aunar su labor como científico con su labor como administrador académico. Llegó el rector Casares a Fonseca tras unas complejas elecciones en las que compitió con otros seis candidatos, de diferentes características. Había una ex conselleira dispuesta a descender en la escala jerárquica, dando a entender que a la hora de ejercer un cargo podía servir a la vez para un roto o un descosido. También había un vicerrector del equipo del rector Senén Barro, que parecía querer dar a entender que no había conocido al rector anterior y que él no tenía ninguna responsabilidad en la compleja situación en la que se encontraba la USC. Junto a ellos había otros profesores y profesoras, todos ellos muy competentes en sus campos, una de ellas con una gran experiencia administrativa, y los restantes con alguna o ninguna.

En una segunda vuelta regida por la compleja matemática electoral, resultó elegido Juan Casares Long, queriendo transmitir un mensaje de reconstrucción de la vida y el gobierno universitarios, necesario tras unas largas etapas en las que, bien o mal, habían estado en manos de grupos muy definidos. Fue quizás un cierto cansancio, del que se resiente cualquier largo gobierno, el que llevó a muchos votantes a inclinarse por su candidatura, pensando quizás que con ella llegaría una cierta transparencia y equidad que algunos estaban echando de menos.

Desde el comienzo de su gobierno, estas esperanzas formuladas con el poco acertado lema de “Retorno a las esencias”, se vieron poco a poco defraudadas, a partir del momento en que varias personas que habían sido sus principales apoyos y compañeros en las lizas académicas durante los años de oposición, fueron abandonando el equipo rectoral, un equipo que parecía que el propio rector quería hacer trizas. Dejando atrás a su equipo y sus apoyos, intentó buscar alianzas con las personas y los grupos a los que había criticado, y elementos claves de su discurso académico en relación con temas como el Campus Vida cambiaron rápidamente de sentido. Si a esta marcha atrás en sus planteamientos y sus propósitos unimos una trayectoria errática en sus orientaciones y sus decisiones, llegaremos a la complejísima situación en la que ahora se encuentra la USC.

Enfrentándose a una importantísima deuda, de la que él no fue responsable y de la que nadie quiso hablar en la campaña electoral, su capacidad de maniobra estaba desde un principio muy limitada. Y, al cortar amarras con quien lo apoyaba, y no conseguir que los cabos lanzados a quienes se oponían a él se fijasen al muelle, poco a poco fue complicando su mandato hasta el punto de no conseguir aprobar sus presupuestos, ganándose la enemistad, justificada o no, de casi todos los sectores académicos.

Ahora, solo entre aquellos con los que se enfrentó, y sin tener casi el apoyo de quienes eran sus bases, le toca al rector Casares bailar con la más fea y tener que hacer, sí o sí, los recortes que sucesivamente irán cayendo sobre las universidades españolas, a la vez que en ellas se va liquidando todo el sistema electoral y de gobierno que hizo su candidatura posible. Cuando acabe su mandato, que no está dispuesto a acortar, quizás haciendo gala del significado de su segundo apellido, probablemente no quedará de sus cuatro años de gobierno nada bueno ni nada malo de lo que pueda hacerse personalmente acreedor. Su nombre y su recuerdo se borrarán en la memoria académica como el viento borra las huellas de los caminantes en las arenas del desierto desde el que llegó a Santiago.

Joseba Fernández, Carlos Sevilla y Miguel Urbán: De la nueva miseria. La universidad en crisis y la nueva rebelión estudiantil

De la nueva miseria. La universidad en crisis y la nueva rebelión estudiantilJoseba Fernández, Carlos Sevilla y Miguel Urbán: De la nueva miseria. La universidad en crisis y la nueva rebelión estudiantil

Editorial Akal, Madrid, 2013
ISBN: 978-84-460-3739-2

Asistimos a la progresiva destrucción de la Universidad pública. Un proceso que, intensificado por las políticas de austeridad y recortes, ha alumbrado la emergencia de un nuevo modelo de Universidad de carácter mercantil. Ante esta situación urge elaborar un nuevo aparato conceptual y teórico para entender las dinámicas de transformación de las universidades a escala global. Así, la nueva Universidad-Empresa es el definitivo pulso lanzado por el mercado para convertirla en campo de valorización del conocimiento. Pero si este cambio de modelo supone una revolución en la naturaleza misma de la Educación Superior, la explosión de la crisis del capitalismo financiarizado a nivel global ha terminado por hacer estallar la idea de una Universidad autónoma y democrática. Estamos ante una nueva fase de la Universidad-Empresa: en el tránsito directo y acelerado a la Universidad de la deuda.

Este libro colectivo transita por algunos elementos para entender los nuevos tiempos de la Universidad: la deuda estudiantil, la precariedad de la comunidad universitaria, los cambios en las funciones sociales y económicas de la educación superior o, en definitiva, la naturaleza del nuevo ciclo de protestas estudiantiles. Se trata de actualizar y seguir construyendo un discurso crítico sobre el papel de la Universidad dentro del proceso de producción y acumulación capitalista. No sólo como un ejercicio intelectual, sino como un esfuerzo por alimentar las resistencias en curso que, en todo el planeta, se encaminan a frenar la venta de lo público.

José Carlos Bermejo Barrera: Ni hubo ni habrá un sistema universitario gallego

José Carlos Bermejo Barrera: Ni hubo ni habrá un sistema universitario gallego

Hace más de veinte años que la Universidad de Santiago fue dividida para crear un supuesto sistema universitario gallego, planificado y diseñado por las autoridades políticas. La razón fue muy simple: debido al incremento del número de sus alumnos y a las dificultades administrativas, comprensibles en un momento en el que la informática estaba en un estado incipiente, se decidió crear tres universidades, dividiéndose sus territorios de un modo un tanto arbitrario, puesto que a Santiago le correspondió Lugo, a A Coruña, Ferrol, y a Vigo, Ourense y Pontevedra. Y si la distribución territorial no tuvo mucha lógica, menos la tuvo la decisión de disolver los Colegios universitarios - que impartían primeros ciclos y que ahora tendrían asignados sus grados de Bolonia- obligándolos a convertirse en facultades e impartir licenciaturas, añadiendo docenas de licenciaturas más en una loca competencia entre rectores, apoyados y alentados por los políticos provinciales y locales.

Como no se hizo una distribución racional de los campus - convirtiendo por ejemplo a Vigo en la universidad politécnica de Galicia- cada universidad aspiró a tenerlo todo y así se duplicaron y triplicaron titulaciones. Y como además la creación de nuevas plazas de profesor era esencial para la promoción académica de muchas personas, las presiones corporativas del profesorado se sumaron a todas las demás.Se crearon centros apresuradamente y con medios precarios, pero la situación se mantuvo mientras creció el número de alumnos y fluyó el dinero público de la época dorada de la burbuja inmobiliaria. Hasta que llegó la crisis, se colapsaron las sobredimensionadas plantillas de personal, a la vez que caía el número de estudiantes y el paro juvenil llegaba al 55%, llevándose consigo el valor de los títulos universitarios.

Todo el pais se reconvirtió, llovieron los recortes, aunque en Galicia fueron pequeños en sus universidades, comparados con otros sectores educativos, por no decir nada de la sanidad y los sistemas de cobertura del paro o las pensiones. Ante esta situación, y arropado por sus discurso de adelgazamiento del sector público y sus administraciones, presenta el gobierno gallego un anteproyecto de ley de un supuesto sistema universitario de Galicia, que no sólo no corrigue ninguno de los defectos existentes, sino que empeora todavía más la situación de las universidades gallegas.

Resum del document PROPUESTAS PARA LA REFORMA Y MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL elaborat per la Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español

Resum del document PROPUESTAS PARA LA REFORMA Y MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL elaborat per la Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español

El propòsit d’aquest Resum és sintetitzar l’extens informe elaborat per la Comissió designada pel ministre Wert i no pas valorar-ne el conjunt ni cada un dels capítols en què es divideix. Els breus comentaris que acompanyen alguns aspectes del resum tenen la finalitat de clarificar-los o de fer-ne ressaltar algun aspecte o mancança que ens ha semblat òbvia. Ha estat elaborat pel col·lectiu SAVA (compost per Albert Corominas, Sergi Fillet, Antoni Ras i Vera Sacristán).

Sumari

  • Introducció
  • Capítol 1: Selecció del PDI
  • Capítol 2: Avaluació de la qualitat de las universitats: excel·lència i competitivitat
  • Capítol 3: Govern de les universitats
  • Capítol 4: Finançament
  • Capítol 5: Estudis i titulacions universitàries

El document complet és accessible a:
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/ministerio-mecd/servicios-al-ciudadano/participacion-publica/sistemauniversitario/propuestas-reforma.pdf 

i els vots particulars a:
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/ministerio-mecd/servicios-al-ciudadano/participacion-publica/sistemauniversitario/adenda-propuestas-reforma.pdf

Scott Sherman: University Presidents—Speak Out!

Scott Sherman: University Presidents—Speak Out!
“Once upon a time, university leaders were seen as sculptors of society.” Now they “are chiefly technocrats, agile climbers who reach the top without making too many enemies or mistakes.”

In May 1943, James B. Conant, the president of Harvard University, published an essay in The Atlantic Monthly titled “Wanted: American Radicals.” Conant was on the lookout for “a group of modern radicals in the American tradition,” whose ideas would encompass Thoreau and Whitman, Emerson and Marx, and who would be “lusty in wielding the axe against the root of inherited privilege” so as to prevent the growth of “a caste system.” His proposal? The imposition of “really effective inheritance and gift taxes and the breaking up of trust funds and estates.” Conant, whose essay infuriated Harvard’s well-heeled trustees, was hardly a radical himself; he was, and would always remain, a man of the establishment. But in those days, college and university presidents did not limit their activities to fundraising, shmoozing, paper-pushing and administration. They had access to bully pulpits, and they occupied them.

Think about it: When was the last time a college or university president produced an edgy piece of commentary, or took a daring stand on a contentious matter? 

It’s a familiar lament. The university president, Upton Sinclair wrote in The Goose-Step, was “the most universal faker and the most variegated prevaricator that has yet appeared in the civilized world.” William Honan, writing in The New York Times in 1994, wondered why college presidents no longer “cut striking figures on the public stage.” “Small Men on Campus: The Shrinking College President” was the headline of a New Republic cover story in 1998. In their 2010 book Higher Education?, Andrew Hacker and Claudia Dreifus declared, “Once upon a time, university leaders were seen as sculptors of society.” Now they “are chiefly technocrats, agile climbers who reach the top without making too many enemies or mistakes.” 

Recently the old concerns about higher education leadership were revived by controversies concerning two Ivy League presidents: Ruth Simmons of Brown and Lee Bollinger of Columbia. Not so long ago, both were seen as public-spirited, visionary leaders: Bollinger, when he led the University of Michigan, spearheaded the fight for affirmative action in college admissions; and Simmons, in 2003, initiated a far-reaching investigation into Brown’s historic connection to slavery and the slave trade. (She stepped down last year.) 

Those actions won praise, but serious questions have since been raised about what these people do in their spare time. In 2010, the Times reported that Simmons had served on the board of Goldman Sachs and was partly responsible for a $68 million pay package awarded to its chairman, Lloyd Blankfein, in 2007. (Simmons ultimately left the Goldman Sachs board with stock worth $4.3 million.) In June, Bollinger, the chairman of the Federal Reserve Bank of New York’s board of directors, defended the right of Jamie Dimon, CEO of JPMorgan Chase, to remain a member of that same board, despite the fact that Dimon’s bank had contributed money to Columbia. Those who thought Dimon should resign, Bollinger reportedly said, were “foolish.” Criticism came quickly: economist Simon Johnson, in blog posts for the Times, lashed Bollinger for serving on the Fed’s board, for sidestepping an obvious conflict of interest and for lacking the credentials to serve. (Bollinger’s term ended December 31.) 

Why should we fret about the presidents of our colleges and universities? Because American higher education is plagued by severe difficulties on many fronts—from soaring tuition and runaway student debt to the loss of public funding, the endemic corruption in college athletics and the erosion of the liberal arts—and the presidents won’t resolve those issues by kibitzing in the gilded suites of Wall Street. The time has come to demand more from them, and to hold them to more elevated standards. The finest presidents of the past—Conant, Robert Hutchins, Kingman Brewster, Clark Kerr—were not perfect men, but they exercised potent leadership, and sometimes they were quite courageous. 

Los rectores acusan al Consell de tener una “agenda oculta”

Comunidad Valenciana:

Los rectores acusan al Consell de tener una “agenda oculta”
Expresan un creciente malestar ante la proliferación de campus privados

Los rectores de las universidades públicas consideran que el Consell tiene una “agenda oculta” y que la proliferación de campus privados responde a un “modelo ideológico claro” vinculado a la Iglesia Católica. El próximo curso, si se cumplen los plazos, en la Comunidad Valenciana habrá seis universidades privadas y cinco públicas. Las dos nuevas son la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Ucam) que tendrá un campus en Sant Joan de Alicante, con diez títulos de los que nueve ya se pueden estudiar en Alicante, y la Universidad del Mediterráneo en El Campello. Estos proyectos han abierto un nuevo frente entre los rectores, agobiados por los recortes, la falta de liquidez presupuestaria y las reformas, y la Generalitat.

Manuel Palomar, rector de Alicante y presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (CRUV) exige al presidente Alberto Fabra que desvele “su agenda oculta” y sus planes futuros con las universidades privadas. “Debemos saber qué modelo pretenden implantar y si es laico o no”, afirma Palomar que demanda “transparencia” a la hora de tramitar estas propuestas. Jesús Tadeo Pastor, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, también muestra su “preocupación” por la falta de organización en la futura oferta de títulos universitarios. “Si no se organiza bien habrá un deterioro de la enseñanza práctica”, advierte el rector que pone como ejemplo el nuevo grado de Medicina en el que los alumnos de la Miguel Hernández hacen prácticas en cuatro hospitales públicos diferentes (Elda, Sant Joan, Alicante y Elche). “Las universidades se pueden duplicar, pero los hospitales no”, recuerda Pastor, que además incide en que de las diez titulaciones que ofertará la Ucam en Sant Juan solo una es nueva (Odontología), el resto se pueden estudiar ya en Alicante o en la Miguel Hernández.

Los rectores de las cinco universidades públicas consideran que ha llegado el momento de debatir y aprobar una Ley de Universidades Valencianas, como tienen en Cataluña o Andalucía, que regule el marco en el que se debe desarrollar la enseñanza superior (modelo, mapa de titulaciones, objetivos, financiación…). Palomar lamenta que detrás de estas dos nuevas iniciativas se esconda una “ideología política y un modelo” que apuesta por la enseñanza privada. El rector de Alicante pide a la Generalitat que la “incertidumbre no sobrevuele” sobre el sistema público universitario e insta al alcalde de Sant Joan, Manuel Aracil, del PP, a “no permitir injerencias y defender el sistema público”, y recuerda que no es obligación de una fundación privada rehabilitar colegios ni institutos públicos, ya que eso es tarea de la Generalitat.

La Ucam en realidad ya está impartiendo docencia en Alicante sin la preceptiva autorización de la Generalitat. Los viernes y sábado se atienden tutorías y se realizan exámenes en el Colegio de Médicos de Alicante. Según explican fuentes de la dirección del Colegio, la actividad es fruto de un convenio de colaboración entre el colegio de Economistas y la Ucam que permite impartir un grado de Derecho online. “Es una actividad docente clandestina que no se debería consentir”, denuncia el rector de Alicante, Manuel Palomar.

Por otro lado, el convenio entre la Ucam y el Ayuntamiento de Sant Joan que se aprobó en el pleno del jueves pasado no hay ni rastro del documento, ni a la oposición se le ha dado copia, ni a los medios de comunicación que lo han solicitado. En la alcaldía remiten al concejal de Urbanismo para cualquier aclaración. El acuerdo, según explicó el alcalde, consiste en que el Ayuntamiento adquiere por 4,5 millones de euros una antigua residencia de tiempo libre a la Consejería de Hacienda y la cede a la Ucam para que pueda impartir clases. A cambio la Universidad Católica se compromete a invertir 4 millones de euros en la rehabilitación de colegios, institutos e instalaciones deportivas.

Las negociaciones entre Ayuntamiento y Universidad Católica han ido cambiado durante los últimos meses. Primero se habló de que el Ayuntamiento cedía una parcela de 50.000 metros cuadrados a la Universidad, y ésta invertía 3 millones en infraestructuras deportivas y educativas. Después se planteó que fueran 4 millones a cambio de 26.000 metros y que la Universidad comprara a la consejería el inmueble para poder iniciar sus clases. Ahora la sorpresa es que el Ayuntamiento adquiere un inmueble para cederlo a la universidad privada a cambio de futuras compensaciones. El alcalde del PP se fía de la Universidad Católica, que generará riqueza y empleo.

El País, 25/02/2013

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades

Albert Corominas: A quién le importa el gobierno de las universidades
Albert Corominas, Catedrático de la UPC y miembro del Observatorio del Sistema Universitari

El pasado 12 de febrero, los miembros de la llamada Comisión de Expertos entregaron su informe (“Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”) al ministro Wert, quien los había designado unos meses antes.

Dicho informe ha tenido un eco relativamente escaso en los medios de comunicación, posiblemente a causa del fuerte estruendo de sobres, corrupciones y espionajes. No obstante, contiene diversas recomendaciones que, de llevarse a la práctica, supondrían un vuelco del sistema universitario español.

El elemento central del informe es la propuesta, muy poco argumentada pero muy definida, sobre el gobierno de las universidades. En síntesis, cada universidad sería gobernada por Consejo con entre 21 y 25 miembros, un 50% de los cuales serían elegidos por el Claustro, un 25 % por la comunidad autónoma (no se especifica si por el gobierno o por el parlamento) y el resto por acuerdo entre los dos grupos anteriores. Dado que la comunidad universitaria es un reflejo de la sociedad plural en que se inserta, no es difícil llegar a la conclusión de que la comunidad autónoma tendría asegurada la llave del gobierno de cada universidad, máxime cuando el Consejo elegiría al rector y este designaría secretario general, vicerrectores, decanos y directores de escuela y propondría al Consejo el gerente.

¿Es una propuesta técnica que interesa solo a la comunidad universitaria? ¿Es una sorpresa, un planteamiento inédito que ha resultado del debate entre los miembros de la Comisión? O, por el contrario, ¿es un hito de una campaña mediática persistente orientada a poner las universidades públicas al servicio de los denominados mercados?

De un tiempo a esta parte, el gobierno de las universidades, es objeto de documentos, artículos e intervenciones en medios de comunicación. Mayormente, por parte de representantes de algunos intereses empresariales, los cuales proclaman que la universidad española no funciona, que su principal problema es la gobernanza y que es urgente modificarla, con el fin de implantar un sistema de gobierno jerárquico, cuya máxima autoridad sea nombrada por un órgano no universitario con participación hegemónica empresarial. De tales pretensiones se han hecho eco los representantes políticos de dichos intereses y, así, el gobierno de la Generalitat de Cataluña impulsó, en 2011 y 2012, una comisión con el propósito evidente, aunque no logrado, de dar cobertura, con los lógicos matices (las propuestas procedentes de instancias políticas no suelen coincidir formalmente con las que expresan, ya sin tapujo, las organizaciones empresariales o sus instrumentos) a estos proyectos.

Cabe analizar, y sería interesante hacerlo, los motivos y la pertinencia del uso reiterado del término “gobernanza”, y no “gobierno”, en esta campaña (por cierto, hay que agradecer a la Comisión de Expertos que su informe se refiera al “gobierno” y no a la “gobernanza”). Pero, como más o menos dijo Humpty Dumpty a Alicia, la cuestión no es qué significan las palabras, sino quién manda. Y de esto, simple y llanamente, se trata: de quién ha de mandar en la universidad pública (en las privadas mandan los propietarios pero esto, a pesar de los paupérrimos resultados de la gran mayoría de estas universidades, con muy contadas excepciones, no parece discutirlo nadie).

No se trata, pues, de un debate académico, que interesaría solo a especialistas, sino de una contienda política y social, que concierne a toda la ciudadanía.

Actualmente, en el gobierno de las universidades públicas intervienen la administración pública, autonómica y estatal, los consejos sociales (en los que es hegemónica la cultura empresarial, pese a que, o a causa de que, sus miembros externos a la propia universidad son designados por gobiernos y parlamentos autonómicos, y organizaciones locales, profesionales, patronales y sindicales) y los propios miembros de la universidad. Estos últimos eligen al rector o rectora y a una parte del Consejo de Gobierno (“el órgano de gobierno de la Universidad”, dice la ley), así como otros órganos colegiados que equilibran la indudable preeminencia del rector o rectora en las decisiones internas.

Con este sistema se han obtenido resultados notables (expansión numérica, territorial y social de la enseñanza universitaria; incremento substancial de la cantidad, la calidad y la proyección de la investigación universitaria, que constituye la mayor parte de la que se lleva a cabo en España) pero presenta también inconvenientes relevantes (ineficiencias debidas a una planificación deficiente de centros, títulos y plantillas y a una inadecuada, a veces ambigua, atribución de responsabilidades en lo que respecta a la elaboración de los presupuestos y al control de su ejecución), que requieren las reformas oportunas, lo cual no implica, desde luego, que todas las deficiencias de la universidad deriven de su sistema de gobierno ni que este sea su problema principal.

Pese a ello, lo que se ha venido planteando no es la transformación del sistema actual para mejorarlo, sino, sin diagnóstico y sin argumentación, su revocación y substitución por un sistema jerárquico de corte empresarial.

¿Quién ha intervenido en el debate y con qué objetivos? Algunas organizaciones empresariales y sus supuestos think tanks, con la Fundación Conocimiento y Desarrollo como ariete (el nombre no hace la cosa: se trata del instrumento principal para cuestiones universitarias de un lobby empresarial presidido por Ana P. Botín) y con muchos presidentes de consejos sociales como voceros, reclaman el poder, en las universidades, para los empresarios. Algunos rectores, el poder para los rectores. Esta posición rectoral ha sido jaleada por las organizaciones empresariales interesadas y por sus pregoneros: sentado el principio de que el rector ha de tener amplios poderes, bastará reemplazar el procedimiento para elegirlo por un procedimiento para designarlo. Algunos rectores han visto ahora la jugada y han empezado a clamar (¿demasiado tarde?) que “no es esto, no es esto”.

¿Para qué quieren algunos empresarios mandar en la universidad? Para imponer la orientación de los planes de estudios, mercantilizar la investigación, subir las matrículas y hacer negocio con los préstamos. Se trata de un elemento más, y no el menor, del proceso de privatización de los servicios públicos, pero en este caso, con una singularidad: no se pretende asumir la propiedad del sistema, sino que este siga financiado públicamente o, en todo caso, por las familias, pero gobernado en función de los intereses empresariales. Jugada redonda: poner al servicio de intereses particulares los considerables recursos involucrados en el sistema universitario, ¡y sin invertir un céntimo!

¿Y quién debería mandar, pues, en la universidad? Parece razonable que esto dependa de la naturaleza, muy variada en la universidad, de las decisiones de gobierno. En lo que se refiere a la planificación y la financiación del sistema universitario, las administraciones estatal y autonómica, como responsables de la distribución de los recursos públicos y de la ordenación territorial, y como garantes de la igualdad de oportunidades y del servicio público. En el control del gasto y de la gestión, los órganos fiscalizadores de la administración y unos renovados consejos sociales, realmente comprometidos con la universidad y que representen pluralmente a la sociedad en sus vertientes culturales y económicas. La actividad académica, los contenidos y la forma de la docencia y la investigación y su gestión deben corresponder a la comunidad universitaria, que es la cualificada para estas competencias.

Finalmente, ¿a quién importa todo esto? A quienes estudian y estudiarán en la universidad y a sus familias, a quienes trabajan en ella, al empresariado que desea ser competitivo a medio y largo plazo y no pretende solo maximizar el beneficio inmediato. A toda la sociedad, porque toda ella se beneficia directa o indirectamente de una institución que genera y transmite conocimientos y contribuye así a que el país sea más culto y más productivo.

El Diario, 25/02/2013

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

José Carlos Bermejo Barrera: Alguna vez los sabios se rebotan

Llamó la atención en su momento que el altivo y desmesurado ministro Wert, que tiene la virtud de saber lo que quiere y decir lo que piensa, aunque se hunda el mundo y las encuestas de opinión, decidiese consultar a un grupo de sabios por él designados qué se podría hacer con las universidades, sobre todo si lo que dijesen coincidiera con lo que pensaba. Así lo han hecho los expertos, competentes en sus campos pero no en el derecho, excepto en los casos de Óscar Alzaga y Mariola Urrea, que han formulado un voto particular, advirtiendo del peligro de lo que se propone y de la necesidad de llevar a cabo muy importantes reformas en muchos aspectos del derecho público, entrando en dos campos, como el de la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, susceptibles de amparo constitucional. Matices todos estos que, como sugieren los autores del voto particular (pág. 5), sus compañeros no saben o no quieren entender.

Podríamos resumir los resultados del informe en tres apartados: a)- el modelo de gobierno autoritario, b)- la crítica a gravísimos errores en la implantación del proceso de Bolonia, y c)- la confirmación global del sistema paralegal en el que se mueven las universidades, cuyas anomalías los dos juristas sí comprenden. Y llama la atención en el informe la existencia de dos tipos de textos: a)- los que dan oponiones, a veces muy fundadas, de sus miembros, y b)- el texto articulado casi como borrador de un proyecto de ley sobre el gobierno universitario, en el que Wert sí está oyendo lo que ya sabe y quiere que le confirmen.

Denuncia el informe en su apartado 5 que todos los títulos de ingenierías, el de arquitecto y el de derecho se han implantado erróneamente al convertirlos en grados, y propone volver a carreras de 5 o 6 años en esos títulos, como en el caso de medicina, en el que el sentido común y las presiones del Ministerio de Sanidad ya habían conseguido que el nuevo título tuviese nivel de grado y máster y otorgase competencia profesional, lo que tendría que haberse hecho en todos los casos citados. Del mismo modo se propone volver a reducir a 3 años magisterio y todas las antiguas diplomaturas, dejando sólo los anómalos grados de 4 años en algunos títulos. Todo esto quiere decir que el mismo año en que salen nuevos graduados se considera que sus planes de estudio estuvieron mal diseñados y que deben ser reformados inmediatamente. Es decir, se ha cometido un atropello exigiendo el máster de la abogacía a los licenciados en derecho y el máster docente a miles de licenciados que por ley están exentos de él. No es una broma, todo esto es gravísimo y deberían rodar metafóricamente las cabezas de quienes fueron responsables de ello, de quienes diseñaron una plantilla de 69 competencias universales válidas para fabricar cualquier carrera, sin considerar ni su contenido ni el sentido común.

Pero esto es una discreta recomendación. Los sabios, excepto los dos juristas, proponen ya articulado un modelo autoritario de gobierno, con un rector nombrado por la Autonomía y con dos sueldos: el oficial y el que libremente le conceda la autoridad política, ¡con la que está cayendo en este tema! Un rector con poder unipersonal amplísimo que nombra decanos, controla el nuevo órgano de gobierno, la mitad de cuyos miembros ni pertenecen a la universidad, que se queda con un claustro consultivo y puede contratar un cuerpo de profesores indefinidos que convivirán con los funcionarios a la vez que contemplan su extinción. Un rector que busca patrones externos de su universidad, en la que los órganos de gobierno serán tan reducidos (25 miembros o 60 para el claustro) que estudiantes y Pas se quedarán con una representación simbólica, y en la que todos los cargos y la pertenencia a esos órganos estarán condicionados por los sexenios de investigación: un patrón universal de medida del nivel de los profesores concedidos por los evaluadores de un modo a veces poco claro, como indica el propio informe. Esto es lo que Wert, altivo y desmesurado, quiere, pero es lo mismo que Ángel Gabilondo - que antes que ministro fue fraile y que ama a la par a Rilke y a la fundación Universia del Banco de Santander - y su equipo diseñaron en otro informe del 2011 sobre este tema y lo mismo que propusieron en 2010 la Fundación Alternativas y el grupo parlamentario socialista, que además deseaban que todo se llevase a cabo sin la profunda reforma legal que Alzaga y Urrea demandan.

Ahora sólo nos queda esperar que en la pornografía política española que sustituye al debate, que pornografía es porque sólo muestra lo más bajo para excitar las pasiones, el PSOE se convierta en defensor de la libertad intelectual y de la dignidad académica, desaparecida hace años, cuando sus evaluadores consiguieron imponer para todo y para todos las mismas varas de medir, a costa de amendrentar a profesores, Pas y alumnos y conceder a cuentagotas mínimos incentivos salariales, ahora restringidos por la crisis. Mientras tanto Wert, altivo y desmesurado, está dispuesto a meter en cintura y recetar jarabe de palo a las ingobernales, disfuncionales y caóticas universidades públicas, poniéndolas firmes a base de recortes y un autoritarismo académico del que serán protagonistas sus nuevos gobernantes, colaboradores necesarios en el viejo y nuevo sistemas.

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria
La ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez y el resultado es el desprecio del conocimiento puro y la seducción por el lenguaje empresarial. La reflexión y la crítica seguirán fuera de las facultades
Antonio Valdecantos es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Edita el blog El paseante airado.

Muchos pueden celebrar por fin el cumplimiento de un antiguo deseo: la universidad ya no es una anacrónica rareza ni un cuerpo extraño infiltrado en el tejido social, sino lo que toda mente constructiva y acompasada con los tiempos ha querido desde siempre, a saber, un genuino reflejo de la sociedad. Parecía una utopía y se ha vuelto lo más real de este mundo: por fin universidad y sociedad van de la mano y comparten lo fundamental. Es cierto que lo compartido es la ruina, pero siempre será mejor algo que nada y, además, no está escrito que la miseria vaya a tener que lamentarse en toda ocasión: de sobra se sabe que la prosperidad genera molicie y hace olvidar la urgencia de poner al día instituciones manifiestamente inadaptadas.

La quiebra económica de la universidad pública se ha llevado casi todo por delante y adelgazará la institución hasta reducirla a las dimensiones eficaces y funcionales que desde hace tanto tiempo se han preconizado, pero la primera víctima del huracán ha sido ese sonrojante discurso montado en torno al término “excelencia” que, de no haberse desatado el ciclón, seguiría siendo la palabra más empleada por los gestores universitarios y los aspirantes a serlo. Aunque todo esto, como tantas otras cosas, se haya vuelto de la noche a la mañana una antigualla francamente remota, conviene recordar que estamos hablando de ayer mismo. “Excelencia” era, en efecto, el término más repetido por los hablantes de un newspeak que en muchas universidades había llegado a constituir el único lenguaje en uso. Contrariamente a las reglas de empleo de la palabra “excelente” (que sirve para alabar a personas o cosas a las que se admira o a las que se finge admirar), en la neolengua de la burocracia académica “excelencia” se usaba, más bien, como un atributo de la institución a que el hablante pertenecía, o de la que era rector o gestor. En cualquier ambiente saludable, el que alguien se califique a sí mismo de excelente será motivo de censura y hasta de burla, pero el clima universitario español de la última década había llegado a volverse francamente insalubre, y la adulación a las diversas instancias gestoras y evaluadoras exigía hablar su lenguaje como si ya no quedara otro.

La burbuja de la excelencia crecía sin que apenas nadie temiera su estallido. Las nuevas universidades públicas (y, poco a poco, también las menos nuevas) imitaban a las privadas en todo lo imitable y el fin último de la vida universitaria era converger con la empresa, haciendo de la enseñanza superior una actividad económicamente competitiva, orientada a formar los profesionales demandados por el mercado, y a hacerlo con toda la flexibilidad exigida por éste (a veces con un delicado complemento de confitería humanística). Por suerte o por desgracia, los dineros que habrían hecho falta para el desmantelamiento de la universidad pública designado como plan Bolonia no llegaron nunca, pero el plan en cuestión, de haberse llevado a cabo, habría dado de sí algo muy parecido a lo que la llamada crisis se ha encargado de producir por su cuenta. No volverán, parece, los tiempos en que el erario público sostenía a legiones de matemáticos, filólogos, teóricos sociales, físicos o historiadores entregados a sus propias tareas y sin preocupación ninguna por la rentabilidad de sus resultados. Sobrevivirá quien se adapte a la realidad, y punto, como siempre debería haber sido. La universidad tendrá que ser más pequeña y, sobre todo, deberá estar gobernada por representantes del mundo de la empresa, en lo cual, visto lo visto, quizá no vaya a haber muchas diferencias con la situación presente. Mientras tanto, habrá que despedir a unos millares de profesores, si bien tampoco hay que dejarse engañar en este asunto por las lágrimas de cocodrilo que a menudo vemos derramarse: la flexibilidad contractual fue desde muy antiguo todo un ideal de los sectores universitarios más innovadores, incluidos los exquisitamente progresistas. Como en tantas otras cosas, la crisis viene aquí muy bien, aunque convenga en algunos momentos y compañías disimular la satisfacción.

El hecho decisivo se silencia con el mayor pudor: la burguesía española posee un desinterés congénito por todo lo que sean estudios sin aprovechamiento económico o ideológico contante y sonante. Esto, que es antiquísimo, no ha variado en los últimos tiempos y no amenaza con volverse del revés. Lo único nuevo que ocurrió a partir de cierto momento fue que a los empresarios se les dio toda clase de facilidades para montar pequeños negocios (o no tan pequeños) en la universidad, a medias con profesores dinámicos, ávidos de ingresos extra. Creer que el capital privado puede sostener la universidad española se funda, en el mejor de los casos, en una ignorancia completa de lo que aquí es el capital privado y de lo que en cualquier sitio debe ser la universidad. Pero la ignorancia no es ningún estorbo para el éxito ideológico, y entre nosotros la ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez como un signo ineluctable de los tiempos.

Semejante cuerpo de doctrina no habría triunfado, por cierto, sin la decisiva aportación de ese inconfundible atavismo modernizante (tan rancio como castizo) típico del patriciado intelectual del país. Ya se sabe que un poco de progresismo contestatario en la juventud es la mejor formación para el mandarín tecnócrata, feliz por haber comprendido con los años que debajo del asfalto no estaba la playa, sino el parque empresarial. Reclamar que la Universidad sea socialmente rentable es el primer paso para desprenderse del adverbio de modo y conservar el resto de la frase, una tarea que en los últimos años se ha ejecutado con toda diligencia. La burbuja de la universidad excelente ha estallado por fin, y lo que queda son los vicios que crecieron en la época del autoengaño: el desprecio del conocimiento puro y desinteresado, el amaneramiento de las ideas, la compulsión viajera y grafómana, la seducción por el lenguaje empresarial y la sumisión a la burocracia, aunque todo eso sin dinero y ya sin muchas ganas, a semejanza de quien ni siquiera llegó a nuevo rico y se quedó a medio camino, obligado a combinar grotescamente la poca ropa ostentosa que le dio tiempo a comprarse con la de su viejo armario menestral, ya raída del todo.

Es natural que, en tiempos de tribulación, las buenas gentes se pregunten “qué opinan los intelectuales”, “cuál es el parecer del mundo de la cultura” o cosas por el estilo, y debería llamar la atención (de hecho, no la llama en absoluto) que nadie se preocupe por saber, como antes ocurría tópicamente, “qué piensa la universidad”. Ha de reconocerse que tal desinterés social está más que justificado. Porque, en el ámbito del pensamiento y de las ciencias humanas y sociales, la burbuja universitaria fue, antes que nada, una formidable hinchazón de inanidad intelectual. Cualquier ocupación que no fuese cultivar la ortodoxia académica vigente en cada disciplina y entregarse a la escolástica (por lo común estadounidense) que en cada redil imperase era del todo ineficaz para hacer méritos en la universidad de la burbuja. Lo milagroso ha sido la pugnaz resistencia de muchos universitarios cuya conducta no formaba parte del guion y que, si sobreviven al huracán, lo harán de manera casi heroica. El futuro intelectual de la universidad no está en manos de quienes la gestionaron en los buenos tiempos, sino de quienes se esforzaron entonces en nadar a contracorriente. La burbuja de la universidad de la excelencia no dejará tras de sí ninguna huella intelectual memorable. Pero queda por ver si el malestar por su infatuación produce los frutos de lucidez que las circunstancias presentes reclaman. De lo contrario se repetirá lo que en tantas épocas ha ocurrido: que el pensamiento, la crítica y la reflexión serán fenómenos inequívocamente extrauniversitarios.

El País, 16/03/2013

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español entrega el documento con sus propuestas al Ministro José Ignacio Wert
Expertocracia: poder de conocer los intereses de los demás mejor de lo que podrían hacerlo ellos mismos

Moisés

La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha hecho entrega al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert de un documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” en el que se recogen las conclusiones del grupo de trabajo.

La Comisión de Expertos fue nombrada, por Acuerdo del Consejo de Ministros el pasado 13 de abril de 2012, a propuesta del Ministro.

El documento de “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” ha sido suscrito por la totalidad de los miembros de la Comisión que han participado en la misma hasta la conclusión de sus trabajos (dos de sus miembros: el profesor Barberá y la profesora Chuliá causaron baja en el grupo de trabajo, por razones personales, hace unos meses).

El profesor Alzaga y la profesora Urrea, con independencia de haber firmado el informe en su conjunto, han suscrito una adenda con reservas sobre dos de los capítulos del informe, los atinentes a la selección del profesorado y a la gobernanza de las universidades.

El Ministro y su equipo se han reunido con los comisionados a quienes han agradecido su desinteresado esfuerzo a lo largo de estos meses. El Ministro ha subrayado que los trabajos realizados serán objeto de un cuidadoso análisis y un amplio debate en el seno de la comunidad universitaria en la línea que se señalaba en el Acuerdo de Consejo de Ministros que dio origen a esta Comisión.

Los miembros de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que han elaborado y firmado este informe son:

Presidenta:

María Teresa Miras-Portugal, Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Universidad Complutense de Madrid. Académica de la Real Academia de Farmacia.

Vocales:

Óscar Alzaga Villaamil, Catedrático de Derecho Constitucional, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

José Adolfo de Azcárraga Feliu, Catedrático de Física Teórica e IFIC (CSIC-UVEG), Profesor Emérito de la Universidad de Valencia.

José Campmany Francoy, Catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Director de iTEAM, Universidad Politécnica de Valencia.

Luis Garicano Gabilondo, Catedrático de Economía y Estrategia, London School of Economics and Political Science.

Félix M. Goñi Urcelay, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad del País Vasco UPV/EHU, Director Unidad de Biofísica (CSIC-UPV/EHU)

Rafael Puyol Antolín, Catedrático de Geografía Humana, Universidad Complutense, Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa.

Matías Rodríguez Inciarte, Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, Vicepresidente tercero del Banco de Santander.

Mariola Urrea Corres, Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de la Rioja.

Los documentos podrán consultarse en la página web del Ministerio.

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

Uno de los conocimientos más sólidos que adquirí en mi infancia fue llegar a saber que “el metro es una barra de platino iridiado que se conserva en el Museo Internacional de Pesas y Medidas de París y se corresponde a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre”. Quedaba claro que el metro patrón era algo muy caro (aunque se podían comprar también en las ferreterías metros de madera plegables a un precio razonable), que era sólido e incommovible, por eso era de platino, como de platino eran las señoras rubias de Hollywood, igualmente lejanas e inalcanzables, y además que medía algo tan real como el meridiano terrestre.

En la actualidad todo lo sólido se desvanece en el aire y mucho más en las universidades, instituciones que claramente ya no forman parte del sistema educativo, según su propia definición que las quiere hacer motores básicos del desarrollo económico. En las que de lo que se trata es de adiestrar o entrenar a sus alumnos para el ejercicio de una supuesta profesión, y a sus profesores para que cumplan disciplinadamente sus nuevos deberes.

En el mundo académico la oscuridad se ilumina con las tinieblas y todo se aclara con números, índices y patrones de medida, que en realidad no se refieren ya a nada. Los profesores, por ejemplo, aceptan con orgullo ser medidos con el llamado índice de citas, que no es más ni menos que el conteo del número de veces que su nombre es citado por otros profesores en determinadas revistas, que son las que cuentan para hacer esas sumas de citas en un interminable juego de ping-pong, válido sólo en las que son carísimas. Está claro que mi nombre o el de otro profesor no tienen nada que ver con las ciencias, porque las ciencias se refieren a determinados tipos de conocimientos válidos y no a sus autores. Si los artículos científicos fuesen anónimos o tuviesen una clave no tendría sentido citar el nombre o el apellido de nadie. Si se hace así, elevando imperecederos monumentos a la vanidad profesional y al narcisismo personal, es porque todo el mundo académico se quiere construir como una pirámide de naipes, en el que uno asciende en su carrrera sumando cartas a su torre. Para lograrlo ha de jugar una partida, controlada por los grandes tahúres que son las editoriales científicas que monopolizan el mercado, y por los nuevos sargentos instructores que enseñan a desfilar a todo el mundo a través de los claustros.

La Universidad de Santiago, un polvorín

La Universidad de Santiago, un polvorín
Docentes, investigadores, estudiantes y PAS llaman a hacer un "frente común" para frenar los recortes presupuestarios impuestos por la Xunta
Acusan al rector de mantener una actitud "irresponsable" y de incumplir acuerdos previos y su propio programa electoral

El proyecto de Presupuestos para 2013 va a suponer un recorte en la financiación de las universidades gallegas de casi 22 millones de euros y el consejero de Educación ya les ha advertido a las universidades que debían escoger entre recortar los salarios a los docentes o mantener las remuneraciones, pero despedir profesorado.

Los cálculos realizados por la CIG indican que el recorte salarial previsto del 5% no será suficiente, y dejará el desajuste presupuestario en nueve millones de euros, por lo que según el sindicato "tal desajuste se podría traducir en unos 250 despidos de PAS y PDI así como en mayores recortes salariales". También se ha alertado de que los recortes en la financiación supondrán una muy importante subida de las tasas universitarias, unos ingresos que además no servirán para mejorar la calidad de la enseñanza, sino que serán destinados directamente al pago de la deuda.

Este miércoles nuevamente representantes de la comunidad universitaria han denunciado que la "no apuesta" de la Xunta "por la sociedad del conocimiento y por la I+D+I" va a provocar un gran perjuicio tanto a estudiantes, como a personal docente e investigador, como al personal de administración y servicios.

Han denunciado en este sentido que la política de la Xunta parece destinada a promover el desarrollo de un sistema universitario privado al elevar los precios de matricula de los centros públicos y rebajar su calidad hasta los niveles de la privada. También se critica "el desnorte" de algunas medidas apuntadas por la Xunta para reducir los costes, como por ejemplo la eliminación de los complementos autonómicos de los sueldos del profesorado, "con lo que se perjudica a aquellos docentes con mejor productividad", señaló la profesora Alba Nogueira.

Los representantes de los trabajadores volvieron a alertar de que los recortes en la financiación podrían significar 115 despidos en la USC, pero recordaron a este respecto que desde 2010 la universidad ya ha prescindido de más de 600 trabajadores, entre la no renovación de contratos de investigación, jubilaciones no cubiertas o la supresión de puestos de profesorado asociado. Antonio Pérez Casas, del colectivo de PAS A Trabe, denunció que el trabajo de esas 600 personas tuvo que ser asumido por el resto del plantel y que significó un esfuerzo extra para todos ellos y también una merma de la calidad de la enseñanza y de la investigación en la USC. Añadió que "todos estos esfuerzos económicos sólo sirvieron para financiar a la Xunta de Galicia, y ni un solo euro sirvió para mejorar el servicio público o para reducir la deuda".

Todos los colectivos que integran la comunidad universitaria de la USC son muy críticos con el rector Juan Casares y califican su actitud como "irresponsable". Lo acusan de acatar el bloqueo presupuestario y de limitarse a negociar el lugar en el que efectuar los recortes, en vez de denunciar la posición de la Xunta y el incumplimiento del plan de financiación universitaria por parte del Gobierno gallego. Creen que estudiantes, profesorado, investigadores y PAS deben trabajar unidos en la defensa de la universidad pública y concienciar al conjunto de la ciudadanía "de que esta es una batalla que hay que dar ahora". Y animan el rector a ponerse a la cabeza de esta reivindicación. "Podemos tener un conflicto e incluso problemas de tesorería", dice Pérez Casas, que añade: "Bienvenidos sean si con eso conseguimos salvar la universidad pública".

De momento los estudiantes siguen encerrados en la Facultad de Historia y alrededor de 200 PAS acaban de comenzar un encierro indefinido en el edificio de la Balconada, que acoge algunos servicios administrativos de la USC. El martes, cuando está previsto que el Parlamento apruebe los Presupuestos, llevarán la protesta hasta el Hórreo.

El Diario, 23/01/13

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