Políticas institucionais

Ramón Zallo: La contrarreforma de Wert
Ramón Zallo es catedrático de la UPV-EHU

Se ha publicado el informe (84 páginas) que una Comisión de Expertos nombrada por el ministro Wert ha elaborado sobre la Reforma del Sistema Universitario Español. Intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la calidad Educativa (LOMCE), consiguiendo el difícil record de poner a casi todos en su contra.

Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de Reforma Universitaria.

Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las Universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del Ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo. De hecho encargó el informe en tiempos de alegres mayorías absolutas pero, deteriorada la legitimidad de ejercicio en el breve plazo de un año de legislatura, difícilmente está en condiciones de abrir otro frente.

Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del Informe creen en las bondades de la globalización universitaria realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con Universidades de excelencia mundial que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por el I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel, dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y los círculos de poder del conocimiento…Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las Universidades públicas del Estado Español.

Querer organizar la “excelencia” sin recursos es un brindis al sol como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la “excelencia” con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.

Aspectos positivos pero maleables

El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario.

Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización de las universidades por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento como universidades de segunda. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las Universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque, en el primer caso, y de las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos, en el segundo. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas y en la igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas….

Cuestiones muy discutibles

En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- hay una preocupante propensión del informe a interiorizar solo intereses empresariales. Ello hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria (hay exceso de campus) pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la Universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.

Igualmente, propone una doble vía de acceso del profesorado a la función de personal docente e investigador: funcionarial y laboral. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida, sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la Universidad del País Vasco- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad, como cabe deducir del informe.

Asimismo, no se contemplan algunos precios: los Campus de Excelencia Internacional que se proponen es seguro que se construirían a costa de empobrecer al resto y que la conversión de la propuesta en proyecto de ley probablemente también afectaría al nivel competencial de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido con la LOMCE.

Propuestas inaceptables.

Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La Autonomía Universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del Informe que lo han hecho constar en informe aparte.

La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación –la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que solo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con ello se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que solo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.

Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.

Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir Consejo de Gobierno y Consejo Social en un solo órgano decisorio, un Consejo de la Universidad de pocos miembros, con entrada de un 50% de personas no necesariamente vinculadas a la Universidad, y en el que se le daría vela al Gobierno Autónomo (o quizás a su Parlamento). Aunque se exige que los propuestos sean “personas de prestigio”, “empresarios”… hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Se reduce la representatividad del estudiantado y del Personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.

Pero es que además ese órgano elegiría al Rector (eso sí, entre universitarios) y, a su vez, en una locura verticalista, sería este quién elegiría los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.

Es sabido que el funcionamiento de la Universidad Pública es bastante democrático aunque ello, a veces, le haga ser lenta en sus decisiones. Los Claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y Rector, hoy, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el Claustro pase a ser solo un órgano consultivo, salvo en la elección del 50% para el nuevo Consejo de Universidad. Hoy el Claustro elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.

Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación… La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad Pública.

Viento Sur, 23/02/2013

Antonio Valdecantos: La burbuja universitaria
La ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez y el resultado es el desprecio del conocimiento puro y la seducción por el lenguaje empresarial. La reflexión y la crítica seguirán fuera de las facultades
Antonio Valdecantos es catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Edita el blog El paseante airado.

Muchos pueden celebrar por fin el cumplimiento de un antiguo deseo: la universidad ya no es una anacrónica rareza ni un cuerpo extraño infiltrado en el tejido social, sino lo que toda mente constructiva y acompasada con los tiempos ha querido desde siempre, a saber, un genuino reflejo de la sociedad. Parecía una utopía y se ha vuelto lo más real de este mundo: por fin universidad y sociedad van de la mano y comparten lo fundamental. Es cierto que lo compartido es la ruina, pero siempre será mejor algo que nada y, además, no está escrito que la miseria vaya a tener que lamentarse en toda ocasión: de sobra se sabe que la prosperidad genera molicie y hace olvidar la urgencia de poner al día instituciones manifiestamente inadaptadas.

La quiebra económica de la universidad pública se ha llevado casi todo por delante y adelgazará la institución hasta reducirla a las dimensiones eficaces y funcionales que desde hace tanto tiempo se han preconizado, pero la primera víctima del huracán ha sido ese sonrojante discurso montado en torno al término “excelencia” que, de no haberse desatado el ciclón, seguiría siendo la palabra más empleada por los gestores universitarios y los aspirantes a serlo. Aunque todo esto, como tantas otras cosas, se haya vuelto de la noche a la mañana una antigualla francamente remota, conviene recordar que estamos hablando de ayer mismo. “Excelencia” era, en efecto, el término más repetido por los hablantes de un newspeak que en muchas universidades había llegado a constituir el único lenguaje en uso. Contrariamente a las reglas de empleo de la palabra “excelente” (que sirve para alabar a personas o cosas a las que se admira o a las que se finge admirar), en la neolengua de la burocracia académica “excelencia” se usaba, más bien, como un atributo de la institución a que el hablante pertenecía, o de la que era rector o gestor. En cualquier ambiente saludable, el que alguien se califique a sí mismo de excelente será motivo de censura y hasta de burla, pero el clima universitario español de la última década había llegado a volverse francamente insalubre, y la adulación a las diversas instancias gestoras y evaluadoras exigía hablar su lenguaje como si ya no quedara otro.

La burbuja de la excelencia crecía sin que apenas nadie temiera su estallido. Las nuevas universidades públicas (y, poco a poco, también las menos nuevas) imitaban a las privadas en todo lo imitable y el fin último de la vida universitaria era converger con la empresa, haciendo de la enseñanza superior una actividad económicamente competitiva, orientada a formar los profesionales demandados por el mercado, y a hacerlo con toda la flexibilidad exigida por éste (a veces con un delicado complemento de confitería humanística). Por suerte o por desgracia, los dineros que habrían hecho falta para el desmantelamiento de la universidad pública designado como plan Bolonia no llegaron nunca, pero el plan en cuestión, de haberse llevado a cabo, habría dado de sí algo muy parecido a lo que la llamada crisis se ha encargado de producir por su cuenta. No volverán, parece, los tiempos en que el erario público sostenía a legiones de matemáticos, filólogos, teóricos sociales, físicos o historiadores entregados a sus propias tareas y sin preocupación ninguna por la rentabilidad de sus resultados. Sobrevivirá quien se adapte a la realidad, y punto, como siempre debería haber sido. La universidad tendrá que ser más pequeña y, sobre todo, deberá estar gobernada por representantes del mundo de la empresa, en lo cual, visto lo visto, quizá no vaya a haber muchas diferencias con la situación presente. Mientras tanto, habrá que despedir a unos millares de profesores, si bien tampoco hay que dejarse engañar en este asunto por las lágrimas de cocodrilo que a menudo vemos derramarse: la flexibilidad contractual fue desde muy antiguo todo un ideal de los sectores universitarios más innovadores, incluidos los exquisitamente progresistas. Como en tantas otras cosas, la crisis viene aquí muy bien, aunque convenga en algunos momentos y compañías disimular la satisfacción.

El hecho decisivo se silencia con el mayor pudor: la burguesía española posee un desinterés congénito por todo lo que sean estudios sin aprovechamiento económico o ideológico contante y sonante. Esto, que es antiquísimo, no ha variado en los últimos tiempos y no amenaza con volverse del revés. Lo único nuevo que ocurrió a partir de cierto momento fue que a los empresarios se les dio toda clase de facilidades para montar pequeños negocios (o no tan pequeños) en la universidad, a medias con profesores dinámicos, ávidos de ingresos extra. Creer que el capital privado puede sostener la universidad española se funda, en el mejor de los casos, en una ignorancia completa de lo que aquí es el capital privado y de lo que en cualquier sitio debe ser la universidad. Pero la ignorancia no es ningún estorbo para el éxito ideológico, y entre nosotros la ideología de la excelencia llegó a imponerse con rapidez como un signo ineluctable de los tiempos.

Semejante cuerpo de doctrina no habría triunfado, por cierto, sin la decisiva aportación de ese inconfundible atavismo modernizante (tan rancio como castizo) típico del patriciado intelectual del país. Ya se sabe que un poco de progresismo contestatario en la juventud es la mejor formación para el mandarín tecnócrata, feliz por haber comprendido con los años que debajo del asfalto no estaba la playa, sino el parque empresarial. Reclamar que la Universidad sea socialmente rentable es el primer paso para desprenderse del adverbio de modo y conservar el resto de la frase, una tarea que en los últimos años se ha ejecutado con toda diligencia. La burbuja de la universidad excelente ha estallado por fin, y lo que queda son los vicios que crecieron en la época del autoengaño: el desprecio del conocimiento puro y desinteresado, el amaneramiento de las ideas, la compulsión viajera y grafómana, la seducción por el lenguaje empresarial y la sumisión a la burocracia, aunque todo eso sin dinero y ya sin muchas ganas, a semejanza de quien ni siquiera llegó a nuevo rico y se quedó a medio camino, obligado a combinar grotescamente la poca ropa ostentosa que le dio tiempo a comprarse con la de su viejo armario menestral, ya raída del todo.

Es natural que, en tiempos de tribulación, las buenas gentes se pregunten “qué opinan los intelectuales”, “cuál es el parecer del mundo de la cultura” o cosas por el estilo, y debería llamar la atención (de hecho, no la llama en absoluto) que nadie se preocupe por saber, como antes ocurría tópicamente, “qué piensa la universidad”. Ha de reconocerse que tal desinterés social está más que justificado. Porque, en el ámbito del pensamiento y de las ciencias humanas y sociales, la burbuja universitaria fue, antes que nada, una formidable hinchazón de inanidad intelectual. Cualquier ocupación que no fuese cultivar la ortodoxia académica vigente en cada disciplina y entregarse a la escolástica (por lo común estadounidense) que en cada redil imperase era del todo ineficaz para hacer méritos en la universidad de la burbuja. Lo milagroso ha sido la pugnaz resistencia de muchos universitarios cuya conducta no formaba parte del guion y que, si sobreviven al huracán, lo harán de manera casi heroica. El futuro intelectual de la universidad no está en manos de quienes la gestionaron en los buenos tiempos, sino de quienes se esforzaron entonces en nadar a contracorriente. La burbuja de la universidad de la excelencia no dejará tras de sí ninguna huella intelectual memorable. Pero queda por ver si el malestar por su infatuación produce los frutos de lucidez que las circunstancias presentes reclaman. De lo contrario se repetirá lo que en tantas épocas ha ocurrido: que el pensamiento, la crítica y la reflexión serán fenómenos inequívocamente extrauniversitarios.

El País, 16/03/2013

José Carlos Bermejo Barrera: Cómo medir la nada y sus partes

Uno de los conocimientos más sólidos que adquirí en mi infancia fue llegar a saber que “el metro es una barra de platino iridiado que se conserva en el Museo Internacional de Pesas y Medidas de París y se corresponde a la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre”. Quedaba claro que el metro patrón era algo muy caro (aunque se podían comprar también en las ferreterías metros de madera plegables a un precio razonable), que era sólido e incommovible, por eso era de platino, como de platino eran las señoras rubias de Hollywood, igualmente lejanas e inalcanzables, y además que medía algo tan real como el meridiano terrestre.

En la actualidad todo lo sólido se desvanece en el aire y mucho más en las universidades, instituciones que claramente ya no forman parte del sistema educativo, según su propia definición que las quiere hacer motores básicos del desarrollo económico. En las que de lo que se trata es de adiestrar o entrenar a sus alumnos para el ejercicio de una supuesta profesión, y a sus profesores para que cumplan disciplinadamente sus nuevos deberes.

En el mundo académico la oscuridad se ilumina con las tinieblas y todo se aclara con números, índices y patrones de medida, que en realidad no se refieren ya a nada. Los profesores, por ejemplo, aceptan con orgullo ser medidos con el llamado índice de citas, que no es más ni menos que el conteo del número de veces que su nombre es citado por otros profesores en determinadas revistas, que son las que cuentan para hacer esas sumas de citas en un interminable juego de ping-pong, válido sólo en las que son carísimas. Está claro que mi nombre o el de otro profesor no tienen nada que ver con las ciencias, porque las ciencias se refieren a determinados tipos de conocimientos válidos y no a sus autores. Si los artículos científicos fuesen anónimos o tuviesen una clave no tendría sentido citar el nombre o el apellido de nadie. Si se hace así, elevando imperecederos monumentos a la vanidad profesional y al narcisismo personal, es porque todo el mundo académico se quiere construir como una pirámide de naipes, en el que uno asciende en su carrrera sumando cartas a su torre. Para lograrlo ha de jugar una partida, controlada por los grandes tahúres que son las editoriales científicas que monopolizan el mercado, y por los nuevos sargentos instructores que enseñan a desfilar a todo el mundo a través de los claustros.

Market forces have brought chaos to universities
Lifting the cap on fees has marketised higher education, with falling student numbers and reduced entry requirements

Some call what's happening in the university sector a "radical overhaul". This sounds planned and orderly. But as student numbers fall and talk turns to the politically embarrassing possibility of university bankruptcies, this starts to look more like a demonstration of the law of unintended consequences.

The increase in fees was originally proposed to the last Labour government by Lord Browne, in response to the universities' own push for more income. He suggested lifting the cap but clawing back some fees from universities that charged more than £6,000. No incoming Tory government was ever going to pass on this opportunity to reduce long-term expenditure and "marketise" the sector. But, in coalition, they had to accept the generous terms for student loans that Nick Clegg needed in order to mitigate his shameful volte-face on his "no fees" pledge. Meanwhile the universities, pretty much to a body, decided to adopt the highest possible fees. With different elements all pushing their own agendas, it was a lash-up from the start.

University applications fell drastically last year, by 54,000 students – representing the population of three entire universities. Recent figures suggest a continuing downward trend, especially among home students. But any hope that a fall in numbers might lead to a reduction of public expenditure looks compromised by the generous terms for student loans. Students don't have to start paying back until they are earning £21,000, which in the current climate may take some time. Indeed, given how many people now have interrupted careers, many may never pay back at all. University lecturers have been heard describing the loans as "free money" to potential applicants.

Then there's the issue of EU students. Their numbers have fallen less than home students and their payback rates are far worse, partly because reclaiming their loans is difficult and because incomes are lower in some EU countries. According to the Financial Times, the government expects to recover only two-thirds of the cost of the loans.

Nor have attempts to make the sector more competitive delivered clear outcomes. If you marketise a sector it will, unsurprisingly, adopt market techniques to survive. Applications figures could have been even worse had some universities not drastically dropped their entry requirements, or "tariffs". Leeds Metropolitan was reported as having dropped its tariff to the equivalent of two Es on some courses, and there is widespread anecdotal evidence that many universities made similar – if not quite so drastic – moves.

The government claims that increased competition is designed to allow top universities to flourish in terms of reputation, research and recruitment, hence their policy of allowing universities to take unlimited numbers of students who achieve two As and a B, and figures released this week talked of "winners and losers". Bristol and Cardiff had increased recruitment but in other universities, including some of the Russell group, recruitment had decreased. Many were suspicious: was this a true test of the "survival of the fittest"? Or were the so called "losers" those universities that had not played the entry game right or stuck by their standards, refusing to lower their tariffs?

Admitting students with reduced entry requirements puts a strain on other students and staff. And what will happen when these students can't keep up? Now they are paying huge fees, how easy will it be for lecturers to fail them? Students will be more demanding of support and resources, and universities won't want them to leave. Will the blame for failure shift on to the course or lecturer?

Another unintended consequence reshaping the higher education environment is the shift in gender ratios. The decrease in applicants in 2012 was four times greater among men, exacerbating an existing trend towards more women graduates. Mary Curnock Cook, Ucas chief executive, describes the trend as "striking and worrying". Perhaps as serious is the massive decline in part-time applicants, invariably mature students who, although now offered access to loans, are being deterred by the huge fees.

It's not just first-time degrees affected. Universities are steeling themselves for a massive decline in home applicants for master's degrees in 2015, and are frantically chasing overseas students – which brings them into direct conflict with the government's policies on visas.

Perhaps more worrying than the chaos created by unco-ordinated changes seriously affecting who has access to higher education is the lack of public debate. Universities themselves appear divided and lacking in direction. Instead of sharing data and highlighting the significant, unplanned and unvoted for changes currently reshaping higher education, leaders of the sector seem more worried about loss of face and market position. This stance means the sector is prey to all the disadvantages of a market system with none of the advantages.

The Guardian, 24/01/13

Diego Llanes: Asalto a la universidad
Diego Llanes, catedrático de Genética de la UCO

En pocos meses, las universidades públicas contarán con una cuarta ley para regular sus actividades. Si excluimos la LRU (1983) del PSOE, que significó un cambio necesario para los nuevos tiempos democráticos, el resto de las leyes LOU, (2001) del PP y Lomlou, (2007) del PSOE, nunca me parecieron realmente necesarias, y creo que sólo tenían un fin: abrir las universidades al llamado capitalismo académico. Para ello, introduce, la LOU, y desarrolla, la Lomlou, un nuevo objetivo universitario: el conocimiento al servicio del desarrollo económico.

Nuestro capitalismo académico es una mala copia del original. Al tener nuestro país, y no digamos Andalucía, una débil economía productiva, no contábamos con los sectores empresariales que impusieron este modelo a las mejores universidades anglosajonas. Nosotros hemos tenido que intentar crear a los propios empresarios que se beneficien de esos cambios y para ello animar a cada universitario a convertirse en emprendedor. Además fue necesario el inicio de una campaña de potenciación del mercado y lo privado, en abierta contradicción con el modelo funcionarial de nuestras universidades. La nueva ley querrá, sin más dilación, imponer el capitalismo académico con el paso directo a la gestión privada de la universidad pública. Los procesos electorales que aupaban al poder a los rectores, tienen por tanto los días contados. El poder pasará a manos de un organismo similar al actual Consejo Social, que será el encargado de gestionar a las universidades públicas y nombrar a los rectores.

Los nuevos miembros de los consejos sociales serán elegidos por el poder político, lo que vendrá a significar que las universidades públicas estarán controladas por el capital financiero, que en última instancia controla a las cúpulas de los partidos mayoritarios. Esto se llevará a cabo si la sociedad civil no se dota de la suficiente fuerza como para imponer un modelo de gestión universitaria más acorde con las necesidades de la sociedad.

La Universidad que salió de la transición realizó eficazmente su función de poner la educación superior a disposición de un gran número de españoles. En los últimos años, el crecimiento económico especulativo, ligado a la burbuja inmobiliaria, también ha tenido sus efectos negativos en la gestión universitaria. La bonanza económica y la supuesta necesidad de hacer de la Universidad motor del desarrollo económico alentaron y potenciaron al profesor-gestor, frente al docente y al investigador. El aumento exponencial de los cargos, que en ningún momento fue acompañado de los adecuados mecanismos de control, ha dado lugar al clientelismo y la autosatisfacción. Clientelismo debido a que los rectores debían ser elegidos cada cuatro años por el resto de miembros de la comunidad universitaria y autosatisfacción ya que los fondos de que disponían estos gestores aumentaban cada año, lo que les permitía repartir prebendas, crear las más diversas estructuras y difundir su mayor éxito, el noveno lugar en el ranking mundial por publicaciones.

El clientelismo y la autosatisfacción trajeron consigo además la desregulación y el descontrol en el funcionamiento de las universidades. Baste un ejemplo: los programas de jubilación anticipada incentivadas. Profesores-gestores de 33 universidades públicas desde 2002 han aprobado y puesto en marcha unos programas que carecen de soporte legal. El Tribunal de Cuentas ha abierto por ello diligencias para investigar el posible delito contable cometido por estos profesores-gestores.

La necesidad de más fondos públicos para las universidades tenía una justificación perfecta: éramos los motores de la economía. La realidad, sin embargo, discurría por otros caminos. Los fondos que nos financiaban no salían del aumento de nuestra economía productiva, provenían de los ingresos que el Estado conseguía con la burbuja inmobiliaria, verdadero motor de nuestro desarrollo. Por tanto, como ahora todos constatamos con un 25% de parados, el 33% en Andalucía, los motores de nuestro desarrollo no se alimentaban con los éxitos, ni con las publicaciones científicas, que se producían en las universidades, aunque nuestros rectores insistieran e insistan aún hoy en hacer creer a todos que somos nosotros, con el aumento de los conocimientos, los que llevábamos el peso del desarrollo económico.

Una vez desaparecido el verdadero motor de nuestro crecimiento, la burbuja inmobiliaria, se hace necesaria una reestructuración del modelo universitario. Lo que está en juego es si esos cambios se acometen para beneficiar al conjunto de la sociedad o a unos pocos. Se avecinan tiempos de incertidumbres y sacrificios, y de toda la sociedad depende que estos cambios puedan ser tutelados por una sociedad civil, que deberá fortalecerse, o por gestores que eliminarán las escasas posibilidades que tenemos de una universidad pública crítica con el modelo económico imperante.

El Día de Córdoba, 14/12/12

Comunicado conjunto de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Españolas

Las universidades somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que también vivimos en primera persona. Es por ello, que valoramos los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante.

Las universidades, ahora más que nunca, estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años. Hasta ahora, hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad: la docencia, la investigación y la innovación.

Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas, nos encontramos en una situación preocupante, que puede perjudicar a la Universidad española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales. Por este motivo, queremos manifestar públicamente lo siguiente:

1. La disminución de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en un 18% en Educación Superior, y en un 80% en los gastos no financieros en I+D+i, suponen un deterioro irreparable del sistema de I+D+i que, juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento.

2. Los efectos del endeudamiento de las Comunidades Autónomas, junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político, de que "nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento". Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso.

Ante esta situación, los Rectores y las Rectoras de las universidades españolas solicitamos lo siguiente:

• Que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos.

Las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad, con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza.

Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las Administraciones Públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas. Si éstas pierden calidad, también lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. No perderán solamente las universidades, sino que perderemos TODOS, el conjunto de la sociedad. Nos quedaremos sin una de las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento.

Dada la gravedad de esta situación, este Comunicado se da a conocer de forma simultánea en todas las universidades públicas españolas.

CRUE, 10/12/12

José Carlos Bermejo Barrera: Fonseca y el desbarre legal

Son las universidades una parte, sin duda importante, del mundo que las rodea. A él se deben y de él reciben lo mejor y lo peor, aunque es su especial deber servir como orientadoras de la opinión. En el campo del derecho vivimos una situación magistralmente analizada por el profesor Alejandro Nieto en sus libros de los años 2008 y 2010, que define como “desgobierno de lo público”. Parte esencial de él sería la multiplicación hasta el infinito de decretos y normativas cada vez más alambicadas que no solo contradicen leyes superiores, sino que se contradicen entre sí, dando a quien gobierna una discrecionalidad que podría decirse que pone en peligro el propio estado de derecho. Como no podía ser menos, las universidades están siendo afectadas por este mismo mal, como ahora veremos.

Conviene comenzar por aclarar que en el derecho administrativo se regulan dos clases de órganos de gobierno: los unipersonales y los colegiados. Cada órgano posee las competencias que la ley le asigna, y no puede excederlas ni invadir las de otros órganos, teniendo siempre que respetar el conjunto de las leyes vigentes. Pues bien, dice la Ley de Universidades, y así recogen los Estatutos de la USC, que los estudios de doctorado son competencia de los Departamentos, y que los títulos de validez estatal, como el de Doctor, tienen que ser impartidos por centros que han de ser facultades, escuelas técnicas, departamentos o institutos de investigación.

Sin embargo, el 10 de febrero de 2011 el BOE publica un Real Decreto que viola la Ley de Universidades, por el que se pueden crear las Escuelas de Doctorado, que dejarían sin competencias en materia de enseñanzas de doctorado a sus legítimos dueños: los departamentos y centros que la Ley dictamina. Las Escuelas de Doctorado tienen una lógica y un sentido. Sus protagonistas son los grupos de investigación de excelencia, que poseen muchos recursos y se agruparían en los Campus de Excelencia. Ellos organizarían los estudios, gobernarían las nuevas escuelas, tras ser aprobadas por los Consejos de Gobierno de sus universidades. Y estos grupos deberían asociarse con sus afines, buscar recursos y establecer lazos con empresas. En este modelo el doctorado pasaría a ser priorizado en muy pocos campos de conocimiento y dejaría de ser un café para todos. Todo lo que es muy discutible.

Marco Mancini: Il governo tecnico scongiuri il disastro delle università
Marco Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori Università Italiane

Il mondo universitario sta seguendo con angoscia gli sviluppi della legge di stabilità per il 2013. Lunedì sera la situazione è precipitata in Commissione Bilancio. Dopo una sequela di promesse, presenti nella prima versione del Ddl, agli Atenei nulla è stato dato. Il Presidente della Repubblica pochi giorni fa era stato il primo a lanciare l’allarme. Con la consueta lucidità ha colto il nodo del problema: «L’intervento pubblico e privato in tutti i settori della ricerca - ha dichiarato Napolitano - è una priorità da far valere ancora più in tempi di crisi come quella attuale». È del tutto evidente che quando in Europa si spende mediamente il 2,1 del Pil in ricerca (il 2,2 in Francia, il 2,8 in Germania) si sta finanziando lo sviluppo. Dalla crisi si esce solo favorendo l’innovazione e investendo in quel capitale d’intelligenze che dell’innovazione è l’asse portante. Ma le risorse per ricerca e sviluppo in Italia sono appena l’1,26% del Pil, la metà della media europea. Dobbiamo competere nel mercato internazionale. E a questa competizione ci arriviamo già in crisi profonda. Con meno risorse, meno personale, docenti più anziani e meno studenti.

Questi i risultati di anni di tagli al comparto. Ci era stato detto di pazientare: abbiamo responsabilmente fatto la nostra parte. Abbiamo tagliato, ridotto, risparmiato. Oggi, nonostante la buona volontà del Ministro, c’è chi, al governo, sta riuscendo là dove non era riuscito neppure Tremonti: la distruzione dell’Università pubblica. Nel 2008 l’allora Ministro delle Finanze pianificò un taglio progressivo pluriennale del Fondo per le Università. Siamo passati dai 7,5 miliardi di euro del 2009 ai 7 miliardi del 2012.

Sulla quota fissata da Tremonti per il 2013 il governo non intende intervenire: dai 7 miliardi del 2012 precipiteremo a 6,5 con un calo di più del 6% rispetto al 2012 (e del ben -13% rispetto al 2009). Una vera e propria catastrofe, insostenibile per il sistema universitario, già duramente provato da provvedimenti restrittivi e da tagli su borse post lauream, borse di studio, fondi per la ricerca, fondi per l’internazionalizzazione, tagli sull’acquisto di materiali e attrezzature.

Questo è ciò che si annuncia in Commissione Bilancio. L’unico segnale, certo apprezzabile, è che si sia ritagliata dal «fondo Catricalà» una piccola quota per il diritto allo studio pari a 50mln di euro. Ma alle Università nulla.

E così, per la prima volta nella storia degli atenei italiani, le spese stipendiali saranno pari al 95% dei trasferimenti dallo Stato. Con conseguenze facilmente immaginabili sui beni intermedi che nell’Università significano servizi, infrastrutture per la ricerca e la didattica: non solo molti bilanci non si chiuderanno ma formazione e ricerca ne risentiranno in modo esiziale. O si pensa che le Università andranno avanti con quel misero 5%? Non ci si può stupire che, dopo un quindicennio di crescita, si assista oggi a un calo dell’11% in pochi anni del numero delle matricole. Le famiglie si sono accorte dei danni che stanno subendo gli atenei. Solo il governo sembra sordo e cieco.

La soglia fatale del 95% delle spese stipendiali è il segno della fine. Peraltro ci si arriva per soli motivi aritmetici, non essendo affatto aumentati gli organici. Anzi. L’Italia ha uno dei numeri più bassi di ricercatori rapportati alla popolazione (3,7 contro una media Ocse del 7,6) e in soli quattro anni i docenti sono diminuiti del 10%. Con questi numeri, fra l’altro, cancelliamo ogni speranza per i giovani ricercatori in attesa delle abilitazioni. Nessuno potrà chiamarli.

È stato più volte detto che servono 400 milioni di euro per riallineare il finanziamento universitario del 2013 al 2012. Non per incrementarlo si badi – ma solo per riallinearlo all’anno corrente. Niente. Da questa situazione occorre trarre le debite conseguenze: il problema non è più di numeri, ma schiettamente politico. Non si vuole assegnare a Università e Ricerca il ruolo che altrove nel mondo industrializzato gli compete? Non si vuole favorire il ricambio dei giovani ricercatori? Gli atenei si fermeranno, agonizzeranno e assieme agli atenei si fermeranno sviluppo e capacità competitive. Una responsabilità inaudita graverà sulle spalle dei tecnici. Facciamo appello alle forze parlamentari: intervengano prima che sia troppo tardi.

l'Unità, 14/11/12