Políticas institucionais

Mercantilización de la educación
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 33. Vol. 13 (2), Agosto 2010

• Presentación: La Mercantilización de la Educación
  Teresa García Gómez
• La globalización neoliberal y sus repercusiones en educación
  Enrique Javier Díez Gutiérrez
• Panorama de la Educación: la gestión empresarial de la enseñanza pública
  Beatriz Quirós Madariaga
• El papel del mercado en la construcción de los modelos de Formación Profesional: la mercantilización del sistema
  Luis A. Cerrón Jorge
• Programas Escuela 2.0 y Pizarra Digital: un paradigma de mercantilización del sistema educativo a través de las TICs
  José Luis Murillo García
• Mecanismos en el proceso de privatización de la enseñanza pública
  Cristina Díez Pampliega
• La mercantilización de la universidad
  Montserrat Galcerán Huguet

Ángeles Diez: Si nuestro rector es sólo un gestor ¿para qué queremos rector?
La Universidad Complutense de Madrid se organizan por la defensa de la Universidad Pública

En este país lo público está en peligro, o lo que es lo mismo, está en peligro lo que es de todos: nuestros derechos. Nuestro derecho a la salud, a la educación, a la atención de nuestros mayores… El único derecho que parecen estar dispuestos a salvaguardar nuestros gobiernos es el derecho de los bancos a seguir expoliando al sector público.

La universidad pública ha sido uno de esos campos que durante años viene sufriendo el acoso, la injerencia de las empresas, la infiltración de los bancos, la paulatina externalización de los servicios, la precarización de los trabajadores, la transferencia de recursos al sector privado, el aumento de las matrículas. Ahora parece haber llegado el momento de hacerla quebrar definitivamente. La excusa es perfecta, la crisis. El malo de la película, el déficit. La víctima propiciatoria, los empleados públicos (esos trabajadores a los que se les acusa de defender privilegios cuando defienden sus derechos laborales)

La universidad pública se ha convertido en uno de esos bocados apetitosos para el sector privado que, en momentos de crisis, busca desesperadamente ámbitos de negocio seguro. De ahí que, por ejemplo, el Plan diseñado por las universidades con el nombre Estrategia 2015, diseñe un horizonte en el que las Universidades públicas estarán gobernadas por gestores, no por académicos, y organizadas según un modelo empresarial. Desde la implantación de los nuevos grados ese Plan ha echado a andar. En cierto sentido, las resistencias de la gente para impedir que la educación sea un negocio son menores que en el campo de la salud; y todavía son menores las resistencias cuando se trata de una enseñanza no obligatoria como es la universitaria. El plan está en marcha hace tiempo pero parece que ha llegado el momento de su implantación definitiva.

Sin embargo, en estos momentos, la principal amenaza de la universidad pública no están siendo los bancos, ni las empresas, ni siquiera las Comunidades Autónomas. En estos momentos el mayor peligro son sus órganos de gobierno, rectores y Consejos de gobierno, que están dispuestos a ser buenos chicos ante sus jefes: las Comunidades autónomas que controlan sus presupuestos. Los rectores dicen que “la ley es la ley”, y se esconden en esta consigna para imponer un verdadero plan de ajustes, una reconversión universitaria en toda regla que acabará con la universidad pública tal y como la conocemos ahora. La universidad pública tiene sus problemas pero hasta ahora había sido capaz de garantizar el derecho a una educación superior de calidad a los alumnos de cualquier extracción social.

El artículo 27 punto 10 de la Constitución española reconoce la autonomía de las universidades, sin embargo, en estos momentos, son los propios rectores quienes hacen dejación de su responsabilidad de gobernar y prefieren ser meros gestores que aplican, o mejor, implantan los recortes. En las universidades de la Comunidad de Madrid, en vez de plantar cara y defender los derechos de la Comunidad universitaria buscan la vía para que nos traguemos la Ley 6/2011 de Medidas Fiscales y Administrativas de la comunidad de Madrid y el Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

En esta coyuntura, los sindicatos mayoritarios con implantación universitaria no parecen tener prisa por detener el derribo. Se muestran timoratos, cautos, faltos de iniciativa, incluso sorprendidos de que los gobiernos universitarios no se presten a negociación alguna. Pero los trabajadores universitarios hemos empezado a organizarnos autónomamente. No sé hasta qué punto la influencia de lo que vivimos desde el 15 de Mayo tiene que ver con esta iniciativa. Sí sé que ese espíritu de lucha, ese “no nos representan” o ese “lo llaman democracia y no lo es”, estuvo en nuestras cabezas cuando el 17 de noviembre decidimos convocarnos para hablar de lo que nos estaba pasando en la UCM. Ese día creamos la Plataforma de trabajadorxs de la UCM (Personal docente e Investigador, y personal administrativo y de servicios), es un espacio horizontal, asambleario, en el que nos organizamos según las propuestas que van surgiendo. Nos mueve la idea de que no se puede esperar más tiempo sin implicarnos en la defensa de lo que es nuestro, que no podemos seguir esperando a que sean las organizaciones tradicionales las que nos convoquen. Sabemos que defender nuestras condiciones laborales forma parte de la defensa de la universidad pública, de todxs y para todxs y que está en nuestras manos resistir.

Una de las iniciativas de esta Plataforma de Trabajadorxs de la UCM ha sido recoger firmas para avalar la presentación de una petición al Sr. Carrillo, rector de esta universidad, para que comparezca públicamente explicando a toda la comunidad universitaria en qué consiste el Plan de eficiencia que trata de implantar, para que escuche lo que los trabajadores de la universidad tienen que decirle, para que de cuenta de por qué no está cumpliendo con su programa electoral en el que afirmaba que “la comunidad universitaria era el centro de su proyecto y que contaría con ella para desarrollarlo y llevarlo acabo”. Las firmas se entregaron el día 7 a las 14 hs. en el Registro General, en un acto público que incluyó una asamblea en el vestíbulo del Rectorado. Los compañeros explicaban en la asamblea que si nuestro rector es un mero gestor ¿para qué queremos un rector? Que si no existe autonomía universitaria y lo único a que podemos aspirar es a que se nos aplique una ley de rango inferior ¿para qué elegimos a nuestros gobierno universitario? Después nos dimos cita en la manifestación contra los recortes y por la defensa de lo público que tuvo lugar por la tarde.

Los trabajadores de la UCM continuaremos promoviendo asambleas en todos los centros, animando a los compañeros a discutir, hacer propuestas y secundar movilizaciones que nos permitan recuperar la Autonomía universitaria e impedir la liquidación de nuestros derechos. En estos momentos ya hay Asambleas en los dos Campus de la Complutense, se cuenta con un blog informativo: trabajadoresucm.wordpress.com , se elabora un estudio del Plan de Eficiencia y sus consecuencias, y se está construyendo una red que nos vincule a otras universidades y a la red verde que defiende la educación pública no universitaria.

Rebelión, 10/02/12

El conflicto en las universidades madrileñas: El PDI y el PAS de la Universidades Públicas DISCRIMINADO

Como en todas las Universidades Públicas de España, entre las crisis y el déficit acumulado, nuestros compañeros de Madrid han ido constatando como, en los últimos años, sus condiciones laborales se han ido deteriorando (reducciones salariales, congelación de las plantillas, restricción de la contratación temporal, recortes en investigación…). En las últimas semanas la situación se ha agravado cuando los Rectores, de manera completamente unilateral, han decidido aplicar la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid pretende regular cuestiones que afectan a los trabajadores y que son competencia de las Universidades, las cuales, a través de sus responsables, parecen haber claudicado frente a la Administración madrileña, a pesar de que en el articulado de sus Estatutos se establece que corresponde a cada una de ellas determinar condiciones laborales, como régimen de dedicación y jornada.

Las medidas concretas que pretenden aplicar son:

1. Incremento de la jornada laboral, estableciendo una jornada semanal mínima de 37,5 horas.
2. Reducción de los permisos de libre disposición (moscosos) de los actuales diez días a seis, aumentándose éstos según la antigüedad en los términos establecidos en el EBEP (dos más a partir del 6º trienio, y uno más por cada trienio a partir del 8º).
3. Reducción de las vacaciones de Semana Santa y Navidad, de forma que entre las dos fiestas no se superen 6 días hábiles.
4. Aplicar el Régimen General de la Seguridad Social en las bajas por enfermedad y accidente no laboral. Esto se traduce en que los colectivos afectados (PAS, PDI laboral y parte del PDI funcionario), en caso de incapacidad transitoria, pasarán a percibir aproximadamente un 50% menos de salario.

En todas las Mesas paritarias de los diferentes convenios colectivos se ha invitado a la Administración de la Comunidad de Madrid a estar presente y a formar parte de ellas, pero nunca ha querido acudir. Su postura ha sido siempre entregar anualmente la nominativa a los Rectores, quienes han negociado directamente las condiciones laborales con los órganos de representación.

UGT ha reclamado en numerosas ocasiones, hasta por la vía judicial, la inclusión de la Universidad en la Mesa General de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid (creada en 2008), dado que la Mesa de Universidad no ha sido convocada desde los tiempos de Ruiz Gallardón como presidente de dicha comunidad.

Los trabajadores de las Universidades madrileñas solicitan la no aplicación de las "medidas de la Ley de Acompañamiento", pues a su juicio, contravienen la LOU. Exigen que se reúnan las Mesas de Negociación para pedir a los Rectores que no las apliquen. A juicio de UGT, los responsables académicos no han hecho valer su condición de representantes de las Universidades ante un Gobierno Regional, que se caracteriza por someter a las mismas a un recorte económico constante que está haciendo peligrar su viabilidad.

Los compañeros de Madrid, junto con el resto de los sindicatos mayoritarios, han elaborado un calendario de movilizaciones para protestar por estas nuevas medidas (concentraciones, encierros en los Rectorados…). De momento, y gracias al éxito de las mismas, a pesar del escaso impacto que le está dando la prensa, se ha conseguido un aplazamiento hasta la próxima reunión con los Rectores.

El conflicto de las Universidades madrileñas es un claro ejemplo de discriminación y un ataque frontal a los derechos de los trabajadores, orquestado desde el Gobierno Autonómico, que en ocasiones incluso se adelanta al Gobierno Central y que por otra parte, es unánimemente aceptado por los equipos de gobierno de las Universidades madrileñas.

Es discriminación porque los universitarios no estamos en las Mesas de Negociación Autonómicas de los Empleados Públicos, donde sí están otros colectivos como los sanitarios, los docentes (los de la no universitaria), el PAS de los colegios públicos, los bomberos… Es decir, están todos los funcionarios y laborales de la Comunidad Autónoma menos los de la Universidad.

Por esta razón, en los tiempos de bonanza nos hemos quedado sin las mejoras que otros Empleados Públicos conseguían y así hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Sólo hace falta consultar cualquier BOE de la época para constatar que nuestros salarios quedaban estancados mientras otros se actualizaban.

Se nos ha negado el derecho a la negociación en las mismas condiciones que el resto de trabajadores de la Administración con argumentos basados en la "autonomía universitaria". Sin embargo, nosotros tenemos claro que no trabajamos en el Banco de Santander, sino que somos Empleados Públicos (funcionarios o laborales) y que trabajamos en una Universidad Pública, igual que un Colegio Público o un Hospital Público.

Curiosamente, cuando se trata de "repartir los recortes" ya se nos reconoce como Empleados Públicos y los Rectores de nuestras Universidades son los primeros a la hora de intentar saltarse los Acuerdos alcanzados en las Mesas paritarias de los diferentes convenios colectivos, en el caso de que existan, porque en las universidades es una práctica generalizada, que nos diferencia del resto de empleados públicos, el "no negociar" con los representantes legítimos de los trabajadores… y así nos va.

Finalmente, no podemos dejar de señalar el "despiste" del Ministro de Educación, Cultura y Deporte en su comparecencia en la Comisión de Educación hace unos días. En ella explica que se va a constituir un Consejo de Expertos de Alto Nivel, que trabajará con el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Este Consejo será el que proponga líneas de actuación para temas como la "implementación de sistemas de evaluaciones externas que valoren la actividad docente e investigadora e incentivar con complementos…".

El Ministro se ha "olvidado" de que el Estatuto Básico de Empleado Público dice que la evaluación del desempeño es materia de negociación colectiva y el marco de negociación es la Mesa Sectorial de Universidades. Esta mesa existe, ha estado funcionando y además la representación sindical (FETE-UGT, CCOO, CSIF y CIG) hemos solicitado a través de un escrito conjunto que se reúna con carácter de urgencia. En consecuencia, esperamos que se trate verdaderamente de un "olvido", porque no se ajusta a la legalidad vigente negociar nuestras condiciones laborales con "todos menos con nosotros".

FETE-UGT, 06/02/12

Manifest en defensa de la Universitat pública
Plataforma unitària en defensa de les universitats públiques valencianes

Les organitzacions sotasignants, en representació d’una part important de la comunitat universitària a la Universitat de València, hem decidit impulsar la creació d'una PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA.

Les Universitats públiques valencianes venim patint un perllongat i progressiu deteriorament de la nostra capacitat d'oferir un ensenyament superior amb la qualitat que mereix el poble valencià.

En efecte, l’ incompliment sistemàtic de les obligacions financeres de la Generalitat Valenciana –només a la nostra Universitat de València ja li són deguts 292 milions d'euros, d’un deute total amb el conjunt d’universitats valencianes de 900 milions– està posant les Universitats Públiques Valencianes al límit per a poder seguir complint correctament amb proveïdors, empleades i empleats les obligacions que comporta el desenvolupament de les tasques docents i administratives que es deriven de l'ensenyament universitari.

L'actual context de crisi, resultat de l'adopció de polítiques econòmiques neoliberals, s'ha convertit en l'excusa perfecta per a dur a terme retallades en el nostre ensenyament: l'augment de taxes a les matrícules d’estudiants (més d'un 7%), l'aplicació per a extracomunitaris del pagament íntegre dels estudis, el cobrament extra per convalidacions de repetidors o la desviació de capital públic a universitats privades, en són només un exemple. A això cal sumar-li la dificultat per compatibilitzar estudis i treball i el difícil manteniment de l'autonomia universitària respecte del sector privat.

Aquesta situació de precarietat crònica que pateixen les Universitats Publiques contrasta poderosament amb el tracte que des del Consell es dóna a les Universitats Privades, amb tota mena d'ajudes i benediccions; en correspondència amb la política de la Conselleria a la resta de fases de l'ensenyament i que apunta a la intenció de privatitzar-lo tot.

Des d'ací reiterem que en aquests moments l'eixida de la crisi econòmica no es pot fer des del deteriorament de l'ensenyament universitari a mercè de les retallades contínues a què està sotmés. En aquest sentit demanen als equips rectorals de les universitats públiques valencianes una major fermesa a l’hora d’exigir el compliment dels compromisos que la Conselleria d´Educació, Formació i Ocupació té amb les nostres universitats.

Per tot això, exigim al Govern Valencià el compliment de les obligacions reconegudes amb les universitats públiques valencianes, així com també que s'aturen tota mena d'atacs, directes i indirectes, a l'ensenyament públic valencià.

Actuable, 05/02/12

Annick Stevens: Pourquoi je quitte l’université après dix ans d’enseignement
Annick Stevens, Docteur en philosophie, Chargée de cours à l’Université de Liège depuis 2001

Plus que jamais il est nécessaire de réfléchir au rôle que doivent jouer les universités dans des sociétés enprofond bouleversement, sommées de choisir dans l’urgence le type de civilisation dans lequel elles veulent engager l’humanité. L’université est, jusqu’à présent, la seule institution capable de préserver et de transmettre l’ensemble des savoirs humains de tous les temps et de tous les lieux, de produire de nouveaux savoirs en les inscrivant dans les acquis du passé, et de mettre à la disposition des sociétés cette synthèse d’expériences, de méthodes, de connaissances dans tous les domaines, pour les éclairer dans les choix de ce qu’elles veulent faire de la vie humaine. Qu’à chaque époque l’université ait manqué dans une certaine mesure à son projet fondateur, nous le lisons dans les critiques qui lui ont constamment été adressées à juste titre, et il ne s’agit pas de s’accrocher par nostalgie à l’une de ses formes anciennes. Mais jamais elle n’a été aussi complaisante envers la tendance dominante, jamais elle n’a renoncé à ce point à utiliser son potentiel intellectuel pour penser les valeurs et les orientations que cette tendance impose à l’ensemble des populations, y compris aux universités elles-mêmes. D’abord contraintes par les autorités politiques, comme on l’a vu de manière exemplaire avec le processus de Bologne, il semble que ce soit volontairement maintenant que les directions universitaires (à quelques rares exceptions près) imposent la même fuite en avant, aveugle et irréfléchie, vers des savoirs étroitement utilitaristes dominés par l’économisme et le technologisme.

Si ce phénomène repose très clairement sur l’adhésion idéologique de ceux qui exercent le pouvoir institutionnel, il ne se serait pas imposé à l’ensemble des acteurs universitaires si l’on n’avait pas instauré en même temps une série de contraintes destinées à paralyser toute opposition, par la menace de disparition des entités qui ne suivraient pas la course folle de la concurrence mondiale : il faut attirer le « client », le faire réussir quelles que soient ses capacités (« l’université de la réussite » !), lui donner un diplôme qui lui assure une bonne place bien rémunérée, former en le moins de temps possible des chercheurs qui seront hyper productifs selon les standards éditoriaux et entrepreneuriaux, excellents gestionnaires et toujours prêts à siéger dans les multiples commissions et conseils où se prennent les simulacres de décisions — simulacres, puisque tant les budgets que les critères d’attribution et de sélection sont décidés ailleurs. De qualité, de distance critique, de réflexion sur la civilisation, il n’est plus jamais question. La nouvelle notion d’« excellence » ne désigne en rien la meilleure qualité de l’enseignement et de la connaissance, mais la meilleure capacité à engranger de gros budgets, de grosses équipes de fonctionnaires de laboratoire, de gros titres dans des revues de plus en plus sensationnalistes et de moins en moins fiables. La frénésie d’évaluations qui se déploie à tous les niveaux, depuis les commissions internes jusqu’au classement de Shanghaï, ne fait que renforcer l’absurdité de ces critères.

Galicia: Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

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• info@pudup.org

Diversos colectivos de estudantes, PAS e PDI e numerosas persoas a título individual coincidimos nesta plataforma, desde unha grande variedade de posicións políticas, co obxectivo de defendermos a universidade pública en canto que servizo público. Axuntámonos nesta plataforma porque entendemos que a educación e a investigación públicas serven aos intereses xerais da sociedade, polo que o papel da universidade pública, en tanto que tal, é insubstituíble. Cómpre, xa que logo, mobilizar todos os esforzos necesarios na súa defensa.

As universidades galegas, xunto con outros bens e servizos públicos, están a ser obxecto dun estrangulamento económico que pon en perigo a súa continuidade no tempo, xa queas deixa incapacitadas para daren respostas satisfactoriamente ás obrigas, tanto de docencia como de investigación, que constitúen os seus fins. Somos conscientes de que este non é un feito illado, nin se trata dunha situación transitoria determinada exclusivamente pola actual crise económica.

As políticas socioeconómicas deseñadas e aplicadas polos gobernos, baixo presión dun mercado que cobiza o substancioso negocio dos servizos públicos, levan á privatización e á mercantilización de todo o que é público. Educación, sanidade ou pensións forman parte das súas expectativas de mercado e este aproveita a actual crise económica para acelerar drasticamente o proceso que supón o desmantelamento do chamado estado do Benestar.

Neste grave contexto no que nos atopamos, afirmamos que diante da crise que actúa como coartada para os recortes, a educación e a investigación deveñen un recurso estratéxico e fundamental para superala, para contribuír a mudar o modelo produtivo e as condicións socioeconómicas que a causaron.

Constituímonos en Plataforma cos obxectivos de:

• Explicarmos o que significa contarmos con universidades públicas ao servizo da sociedade civil e non dos intereses do mercado. Explicarlle ao conxunto da cidadanía como se financian e como se xestionan a súas universidades. Explicarmos que a educación e a investigación están na base da mellora das condicións de vida das familias galegas e son a única posibilidade de xerar coñecemento e innovar, de xerar futuro e riqueza.
• Promovermos a coordinación, o entendemento e posición unívoca das tres universidades galegas para esixirmos un financiamento que non poña en perigo a propia existencia da universidade pública. Cómpre eludir as disputas que promove o actual Goberno galego ao facelas competir e confrontar por uns recursos que reparte para aliviar a agonía financeira e compensar a submisión, en lugar de adxudicalos con base en criterios obxectivos e transparentes.
• Defendermos unha universidade democrática e democratizadora, á que toda a cidadanía teña a posibilidade de acceder. Negarmos a subida de taxas como elemento corrector dos recortes de financiamento promovidos pola Xunta de Galicia, para que estas nunca supoñan un motivo de discriminación para os cidadáns e as cidadás con menos recursos económicos.
• Esixirmos a garantía do financiamento público para a investigación, xunto con regulamentacións que canalicen o financiamento privado, para que nunca se relegue o interese xeral nin se poña en risco a liberdade do investigador/a.
• Demandármoslles aos gobernos das universidades galegas contundencia na denuncia diante da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria pola insuficiencia do actual plan de financiamento (2011-2015), na defensa da autonomía e a suficiencia financeira.
• Promovermos unha universidade transparente, aberta á sociedade e ás súas necesidades, autocrítica, que renda contas da súa xestión e dos resultados académicos, investigadores e da difusión do coñecemento, que promova unhas condicións de acceso e permanencia que ofrezan as máximas oportunidades ao estudantado, respectuosa cos seus compromisos de estabilización do persoal… co obxecto de procurar o máximo apoio posible da cidadanía galega no cumprimento dos fins que lle son propios.

Para isto actuaremos tratando de mobilizar conciencias que acheguen apoio social e político a prol da universidade pública, realizando actividades de debate e difusión sobre o valor social do ensino superior e da investigación, denunciando os recortes e promovendo unha gran mobilización nos estudantes, PAS e PDI das tres universidades do Sistema Universitario Galego (SUG), que sexa quen de convencer e mobilizar a cidadanía e de obrigar o goberno a ter en conta a nosa razón e esixencia irrenunciable.

Nestes obxectivos propoñémonos confluír con plataformas ou movementos na defensa doutros servizos públicos, co fin de crearmos unha gran mobilización social en defensa do Estado do Benestar.

Plataforma Unitaria en Defensa da Universidade Pública

http://www.pudup.org

José Carlos Bermejo Barrera: Trapos sucios en Fonseca

Dijo una vez Cristina Garmendía, una ministra que tuvo el mérito de que en el plazo de dos años las universidades entrasen y saliesen de su ministerio, que debía crearse un nuevo modelo de universidad: la universidad corazón, un núcleo en torno al cual irían creciendo las empresas. Y así es, en algunas universidades españolas crecen en su seno empresas promovidas por algunos de sus profesores, y otras empresas externas se benefician de la concesión de sus servicios. Como es el caso del servicio de limpieza de la USC, que cual pelota salta de empresa en empresa, manteniendo a la misma plantilla cada vez con menos dinero, según la universidad va emperorando las condiciones del concurso público.

Como signo de los tiempos se anuncia de hecho ahora un ERE para sus empleadas, casi siempre mujeres, otro signo que muestra lo poco que ha cambiado el mundo, unas mujeres trabajadoras que limpian nuestros edificios en condiciones cada vez más precarias, y a las que algunos miembros de la USC da la impresión de que nunca les han mirado a la cara. Y se dice que el supuesto ERE es la consecuencia inevitable de la crisis, sólo porque la USC decide bajar esa partida de gasto aduciendo unas razones que no quiere aplicar en otros casos.

En las universidades españolas hay tal pasión por la negociación y la intriga a favor siempre de alguien, que da la impresión que dos medias verdades suman una verdad, cuando en realidad sólo son dos mentiras. Por ello daré algunos argumentos a favor de reducciones de plantillas y posibles rebajas de salarios, como los que se quiere aplicar al servicio de limpieza, y no a ningún otro caso. En la USC la compra de libros ha caído en picado desde el año 2001 y con ella el trabajo de catalogación, préstamo y cuidado de los mismos; sin embargo, no se ha reducido el personal de la biblioteca, porque es funcionario o laboral fijo. Si este servicio se externalizase, ¿también podrían aplicarle un ERE? Como la plantilla docente está desequilibrada, algunos profesores trabajan demasiado, otros lo que les corresponde, y algunos muchas menos de sus 240 horas de clase anuales, ¿por qué no se les rebaja su nivel de dedicación, si son funcionarios, o no se despide a contratados? Los departamentos de la USC ya no tienen casi presupuesto y se les está retirando su competencia sobre másteres y doctorados. En ellos y en las facultades, igual de empobrecidas, profesor@s cobran complementos salariales como el de secretario por cumplir una función que podría ser atribuida por ley a sus funcionarios. ¿Por qué no se suprimen esos cientos de cargos, se reduce el número de vicedecanos, asesores del equipo rectoral y vicerrectores, cuyo exceso reconoce ya el nuevo borrador de la gobernanza, que impone un número máximo de esos cargos?

¿Es necesario alquilar sistemas de votación por un día para un claustro? ¿Cuánto dinero de los proyectos de investigación se dedica a atenciones protocolarias? La lista sería interminable. No deseo ampliarla porque aquí no se trata de ninguna manera de hablar de corrupción, sino de limpieza, de la limpieza en una institución menos centenaria de lo que dice, hipertrofiada, que no administra racionalmente sus recursos humanos y materiales y que va camino del colapso. Un día, quizás no lejano, en la universidad se comenzará a despedir a profesores y funcionarios, algunos edificios tendrán que cerrar sus puertas, por ellas saldrán los despedidos junto con las "señoras de la limpieza", pero ellas además tendrán que apagar la luz.

El Correo Gallego, 01/02/12